Contra todo pronóstico, el pasado jueves Vigo ganaba un aliado clave en su batalla para conservar el partido judicial y contar con un tribunal de instancia propio en el mapa territorial que se perfila en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la actualidad en fase de anteproyecto. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en un informe preliminar apoyaba la reforma del ministro Gallardón, dio un giro radical a su postura defendiendo que ciudades como la viguesa puedan tener sede autónoma. Un dictamen favorable que se une al del Consejo Fiscal y a la marea de reacciones que se produjo desde los sectores judicial, político y empresarial de Vigo y del conjunto de Galicia que, de forma unánime, respaldan la singularidad de la urbe olívica, rechazando que en el futuro modelo se vea relegada a ser una sucursal de la capital Pontevedra.
Aunque no vinculantes, tanto el informe del CGPJ como el del Consejo Fiscal son preceptivos. Ahora ya solo resta uno que el Gobierno también debe recabar de forma obligatoria: el del Consejo de Estado. A la espera de conocer la opinión que la polémica reforma le merece a este órgano consultivo, hasta el momento no ha habido ni un solo dictamen o estudio que haya avalado las tesis del ministro. Gallardón se queda solo.
Desde que hace casi tres meses, el 4 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de una ley que apuesta por un modelo de Justicia uniprovincial -y relega a la mayor ciudad de Galicia y al caso más singular que, por población y litigiosidad, hay en España-, las reacciones de repulsa se han sucedido.
Primero fue Vigo en bloque. Junta de jueces, junta de fiscales, colegios de abogados y procuradores, funcionarios y otros colectivos judiciales, el alcalde Abel Caballero, todos los grupos del gobierno municipal... A medida que iban pasando las semanas se sucedían los informes que tenían como destino el Ministerio de Justicia. A nivel gallego, la Xunta remitía uno en el que respaldaba a Vigo calificándolo como un "caso singularísimo" y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia está también pendiente de aprobar un texto en el que pide asimismo que la urbe cuente con sede propio y autónoma. El Parlamento gallego también se acaba de pronunciar en contra de la reforma.
Tras el dictamen del CGPJ, la sensación en los operadores judiciales vigueses es que se ha ganado "una batalla". Pero no la guerra. Por eso, nadie quiere "bajar la guardia" hasta garantizar que la ley en tramitación no va a dejar a Vigo sin su merecido estatus judicial.
