El alcalde de Porriño, Nelson Santos, imputado en un caso de prevaricación administrativa, tráfico de influencias entre otros supuestos delitos, anunció ayer que se comprometió ante el Concello a pagar el dinero que el Ayuntamiento gaste en su defensa en caso de que sea condenado. El BNG denunció el jueves que Santos firmó un contrato con un despacho de abogados para que el Ayuntamiento se haga cargo de su defensa y dio a conocer uno de los pagos, a la vez que pidió la devolución íntegra, al entender que la imputación del alcalde se produce por una desviación de poder.

A través de una escueta nota de prensa, el regidor porriñés explica que "los honorarios del letrado para su defensa cumplen totalmente con la legalidad". "Desde siempre, los honorarios de abogados en defensa de alcaldes y concejales en España fueron y son satisfechos por los ayuntamientos que representan, siempre y cuando se derive su conducta de la gestión directa de su responsabilidad municipal, como resulta en el caso del regidor porriñés", se explica.

Desde el Concello subrayan que, a tal efecto, el abono de los honorarios del letrado fue satisfecho sin ningún reparo ni del secretario ni del propio interventor. "Bien es cierto que los responsables municipales cuando se dicte sentencia condenando su conducta deberán reponer a las arcas municipales los honorarios del letrado satisfechos. Precisamente, para tal supuesto, Nelson Santos ha presentado en el registro municipal, con fecha 13 de junio de 2014, un escrito de su compromiso para responder por dicho supuesto", añade la nota.

Explica que "no se conculca ningún derecho ni se infringe o incumple ninguna normativa legal. Por el contrario, se remarca, es una práctica habitual, desde siempre, el abono de honorarios de los letrados de los representantes municipales en el ejercicio de su cargo".

La denuncia pública del BNG fue recogida por la persona que denunció en fiscalía los hechos por los que se abrieron diligencias previas al alcalde, al teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, y al concejal de empleo, Alejandro Lorenzo. Esta persona señaló ayer que remitirá los documentos a Fiscalía, con una denuncia para que se depuren responsabilidades "ante la gravedad de los hechos".

El BNG afirmó que realizaban la petición de devolución del dinero al entender que en este caso la defensa debería realizarse por cuenta personal, pero rechazaron, al menos inicialmente, ir a una acción judicial".