Los grupos parlamentarios apuran las negociaciones para sacar adelante un texto unánime en defensa de todos los partidos judiciales de Galicia. PP, PSOE, BNG y AGE coincidieron en el Pleno de ayer al expresar su rechazo al nuevo mapa provincial de la Justicia que impone el anteproyecto de Gallardón. Pero a la hora de cerrar una propuesta conjunta para elevar al Ministerio de Justicia a través de la Xunta surgen las diferencias. La singularidad de Vigo, la retirada de la ley o la reclamación de competencias impidieron alumbrar un texto de consenso.

El Parlamento acordó por unanimidad el 6 de mayo instar a la Xunta a que "exija el mantenimiento de todos y cada uno de los partidos judiciales existentes en la comunidad". Y la votación hoy en Madrid del dictamen definitivo del Poder Judicial sobre la reforma urgía un nuevo pronunciamiento conjunto en la víspera. Pero no fue posible.

El diputado popular Javier Dorado llevó al Pleno una proposición no de ley para reclamar de forma específica el mantenimiento del partido judicial de Vigo. El texto pedía que la ley "contemple una excepción para la ciudad de Vigo que, no siendo capital de provincia, supera en población atendida, volumen de asuntos, litigiosidad y relevancia económica e industrial a la cabecera provincial". Los grupos de la oposición acusaron al PP de presentar este texto por interés electoral y se negaron a respaldarlo, lo que obligó a continuar fuera las negociaciones.

Abel Losada dejó claro que el PSdeG no "lavaría la cara a los populares" presentando en el último momento un texto concreto sobre Vigo. Los socialistas exigían ir un poco más lejos e instar a la Xunta a que reclamase al Gobierno central la retirada del anteproyecto de ley que suprime los partidos judiciales, algo a lo que el PP se niega asegurando que se trataba de introducir mejoras y no "una enmienda a la totalidad". La nacionalista Tereixa Paz también acusó a Dorado de entrar "en precampaña para las municipales" y se mostró partidiaria de un pronunciamiento "para que se mantengan todos los partidos judiciales" y no solo la infraestructura viguesa. El BNG reclamaba además que "se reclamen las competencias de organización judicial para la Xunta como está recogido en el Estatuto".

Yolanda Díaz fue la más contundente al calificar los argumentos de Dorado de "localismo rampante" y recordó que todos los grupos apoyaron en mayo conservar la actual estructura judicial. La formación presentó enmiendas para crear una ponencia técnica que defina el nuevo mapa judicial gallego. "La supresión de los partidos tendrá graves consecuencias sociales y económicas en las comarcas".

Los diputados tienen hoy una nueva oportunidad para intentar ejercer una defensa común de la justicia de proximidad y exhibir consenso político desde Galicia el día en que está previsto que el Poder Judicial se pronuncie sobre el anteproyecto aprobado el 4 de abril.