Cuando hoy está previsto que se conozca el dictamen definitivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la reforma de Gallardón que priva a Vigo de tribunal de instancia propio, acaba de trascender el emitido por el Consejo Fiscal, otro de los órganos consultivos cuyo informe, aunque no vinculante, es preceptivo. Y el máximo órgano de los fiscales cita expresamente a Vigo, entre otro grupo de ciudades que no son capitales pero que tienen importante actividad judicial, para pedir al ministro Gallardón que estas urbes puedan contar con sede autónoma al estimar que "la estructura provincial no es suficiente" para atender las demandas de la ciudadanía. Y otro informe preliminar pendiente de aprobación definitiva, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), exige tribunal propio para "las siete grandes ciudades gallegas", al frente de las cuales, por población y litigiosidad, está la urbe olívica.

En su extenso informe al anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el Consejo Fiscal califica los tribunales de instancia de ámbito provincial como la modificación estructural "más trascendente". Aunque hace una primera "valoración positiva" y destaca las "interesantes posibilidades" de la estructura por "ventajas" como la especialización de los tribunales o "flexibilidad en la reorganización de efectivos", ya advierte que las mismas pueden chocar con preceptos constitucionales. Y para este órgano, la "completa provincialización de la Administración de Justicia" puede suponer un alejamiento de "muchos sectores de la ciudadanía" a los juzgados, lo que puede tener "efectos perversos".

El Consejo Fiscal considera que al perfilarse los tribunales provinciales y las sedes desplazadas en el anteproyecto, no se ha tenido en cuenta y se "desconoce" la "evolución territorial de la jurisdicción" . Como ejemplo, señala que "de una manera destacada ciudades como Algeciras, Jerez de la Frontera, Gijón, Vigo, Santiago, Cartagena y Elche cuentan con sedes desplazadas de audiencias provinciales, juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Social, Penal, Primera Instancia, de Instrucción, Violencia sobre la Mujer, además de sedes de Fiscalía de Área o de institutos de medicina legal, cuya existencia es omitida". "Es fácil suponer que en ningún caso van a perder su condición de sede de tribunal [...] precisamente porque la estructura provincial no es suficiente para atender en la debida forma las demandas de justicia de los ciudadanos [...]".

El Consejo Fiscal concluye que por varios factores el "automatismo" de la ley "puede matizarse bien admitiendo como excepción la constitución de tribunales de instancia de ámbito inferior al provincial y en cualquier caso defiriendo su número y planta a la propia legislación de demarcación y planta". "Tampoco es fácil vislumbrar posibles ventajas", advierte, en la eliminación de las audiencias provinciales, que "alejarán" a los ciudadanos de "los órganos de apelación".

Por otra parte, la Comisión Permanente del TSXG aprobó el viernes un informe preliminar sobre el anteproyecto de la LOPJ que será llevado a la Sala de Gobierno. Aún no hay fecha para esta reunión. Solo se conoce que en la del martes no se debatirá porque coincide además con la visita a A Coruña del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

El documento al que ha tenido acceso FARO cuestiona algunos de los aspectos más polémicos de la reforma y califica de "rayana en la inconstitucionalidad la existencia de una interpretación jurisprudencial vinculante". Respecto a la organización territorial de la justicia de la que están pendiente Vigo, Santiago y Ferrol, el alto tribunal gallego sostiene que "ninguna de las siete grandes ciudades de Galicia puede quedar sin su propio tribunal de instancia".

El TSXG defiende que la nueva demarcación "ha de adaptarse a las necesidades de la población, de modo que los órganos judiciales deben asentarse allí donde residen los ciudadanos en lugar de que sean estos quienes deban desplazarse para acudir a aquellos", puntualizan los magistrados de la Comisión Permanente.

El Tribunal Superior de Xustiza no se opone a un cambio de organización o modelo. Solo plantea que las nuevas figuras de los tribunales de instancia sean compatibles "con un cierto escalonamiento de los servicios que presta el Poder Judicial" con el fin de que se armonicen "las necesidades de evolución con nuestra fructífera tradición de partidos judiciales". Adicionalmente, rechaza la supresión de los Decanatos y las Juntas de Jueces y respalda los informes del Supremo y de la Xunta, que demanda tribunales de instancia en las siete ciudades gallegas.