La subasta de 40 pisos municipales en Rosalía de Castro no cubre los objetivos iniciales fijados por el Concello e impide de forma inmediata la compra de los terrenos necesarios para construir la Ciudad de la Justicia. No obstante, la Gerencia de Urbanismo iniciará igualmente el procedimiento expropiatorio para ir avanzando en los trámites administrativos mientras se buscan fórmulas para atraer a nuevos compradores. La normativa permite que estas viviendas del patrimonio municipal "sean objeto de venta directa durante el plazo de un año al precio inicial de la puja".

Hasta la medianoche del viernes se presentaron por registro un total de doce ofertas con las que el gobierno local prevé obtener entre 1,4 y 1,8 millones de euros. Esta mañana se conocerá con exactitud el importe de las operaciones porque las solicitudes se presentan en sobre cerrado y se desconoce por ahora si los aspirantes están interesados en los pisos más pequeños, valorados en alrededor de 120.000 euros, o se le adjudicarán los más amplios de hasta 204.000.

En el mejor de los escenarios el Concello logrará con la subasta un 40% del dinero que necesita para adquirir las fincas del ámbito de Chouzo donde la Vicepresidencia de la Xunta tiene comprometida la construcción de un tercer edificio judicial. El suelo fue valorado por técnicos municipales en 4,2 millones de euros y esta primera fase para deshacerse de las viviendas de República Argentina podría rozar los dos millones de euros. Por el contrario, si las doce ofertas se corresponden con los pisos de entre 64 y 70 metros, el gobierno vigués solo vería cubierto un tercio de sus necesidades.

Los resultados de la subasta pública no permitirán al Concello disponer del dinero en el mes de julio como tenía previsto. Pero la operación no queda en absoluto invalidada. La normativa que rige estas subastas permite a la administración local proceder a la venta directa de los inmuebles durante los próximos doce meses siempre que se respete el tipo de licitación de la puja. Pueden surgir compradores a partir de ahora y que Urbanismo cierre ventas de forma progresiva en lugar de adjudicar las 40 viviendas de golpe como se planteó. Los cálculos del Concello pasaban por vender un mínimo de 20 pisos para conseguir la mayor parte de los 4,2 millones de euros que le costaría comprar los terrenos detrás de la calle Lalín. El objetivo no se ha cumplido, pero por ahora el gobierno local guarda silencio sobre las medidas que se pueden tomar a medio plazo para intentar reactivar las ventas y pagar las expropiaciones.

Esa sería la última fase de un proceso que se inició en noviembre de 2013 con la transmisión a Adif de 10 de las 50 viviendas de propiedad municipal en cumplimiento de un convenio suscrito en 1994. Cerrado este primer obstáculo, el Concello redactó las bases para poder celebrar una subasta y permitió a los interesados que visitaran los inmuebles durante la tercera semana de abril. Recibieron 120 peticiones que daban idea del interés despertado por esta bolsa de pisos, pero según información de fuentes municipales, solo doce formalizaron finalmente una oferta tras cumplir con el requisito de entregar una fianza del 5% del tipo de licitación que recuperarán aquellos que no acaben comprando el inmueble.

Tuvieron 45 días naturales para presentar una oferta en el Registro de la Gerencia de Urbanismo y hoy a las 10.00 horas se constituirá la Mesa para verificar las solicitudes, la integridad de los sobres, revisar la documentación y redactar la lista de licitadores admitidos.