Los informes emitidos por jueces, la Fiscalía gallega y la Consellería de Xustiza sobre el anteproyecto de Ruiz Gallardón contienen abundantes razones para que Vigo sea sede judicial a la altura de una capital de provincia. Abarcan desde la carga de trabajo hasta el peso demográfico, la actividad económica y la diversidad de especialidades jurisdiccionales. Todas estas instancias han reclamado formalmente al ministerio que modifique el texto y otorgue a Vigo el estatus de sede principal por todas estas circunstancias.
Los jueces vigueses han sido los más contundentes al advertir en su informe de que privar a Vigo de sede judicial propia vulneraría la Constitución. Los magistrados exigen la modificación del texto legal al considerar "imprescindible" que contemple la "excepción viguesa", y alegan que a efectos judiciales el funcionamiento actual es equivalente al de una capital de provincia.
La Fiscalía gallega también ha apoyado una sede judicial en Vigo con plenas competencias, reclamando además tribunales de instancia en todas las ciudades. El fiscal Carlos Varela remarcó en su informe al anteproyecto de Gallardón la necesidad de tener en cuenta criterios de población, geográficos y económicos para la reforma. La Xunta abunda en este argumentario destacando particularmente el caso vigués.
Desde que el Gobierno aprobó el anteproyecto la defensa de la sede judicial viguesa es un clamor. Toda la judicatura ha sido unánime y jueces, abogados, procuradores, secretarios y otros funcionarios se manifestaron por esta causa. También los partidos políticos lo han defendido. Destacados miembros de la judicatura como Juan Manuel Fernández Martínez, vocal gallego del Consejo General del Poder Judicial; su predecesor Manuel Almenar; el presidente de la Audiencia, Francisco Javier Menéndez Estébanez; y el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, señalaron el papel protagonista de Vigo y su rechazo a la pérdida de presencia judicial.
