Una injusticia que une a todo el colectivo

Esta semana los funcionarios y los sindicatos judiciales volvían a manifestarse en la calle contra los planes de Gallardón de dejar a Vigo sin partido judicial. Y en esta ocasión, además de abogados, procuradores y secretarios, a la protesta también se unieron magistrados. Entre los presentes estaba la juez de Familia Dolores Galovart, así como tres de los cinco magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia viguesa, que advirtieron de que la reforma del ministro de Justicia "no responde a ningún criterio legal". "Todos los que hay en la legislación vigente se obvian frontalmente en el caso de Vigo", agregaron tajantes.

Y es que el anteproyecto que pone en riesgo el estatus judicial vigués ha unido a todos los operadores jurídicos. Los jueces ya han celebrado una junta que ha dado forma a un contundente informe firmado por el decano Germán Serrano en el que se exige la "modificación" del anteproyecto legal porque es "imprescindible" contemplar la "excepción" viguesa. Y van más allá: alertan de que privar a Vigo de tribunal de instancia podría incluso vulnerar la Constitución. Al margen de esta postura común, los magistrados tenían también hasta este viernes la oportunidad de presentar alegaciones individuales al anteproyecto en la intranet del Poder Judicial. Unas consideraciones que, según el órgano de gobierno de los jueces, serán tenidas en cuenta cuando se redacte el informe definitivo sobre esta reforma basada el el criterio provincial.

También la junta de fiscales de la Fiscalía de Área de Vigo ha aprobado una resolución exigiendo que Vigo conserve su demarcación y que amplíe su influencia a todo el área metropolitana, alertando de que la ley de Gallardón "da la espalda a la realidad jurídica, económica y social de la provincia". Y junto a jueces y fiscales, los colegios de abogados y procuradores, así como sindicatos y otros colectivos vigueses como Avogados Novos o la plataforma ciudadana SOS Xustiza, muestran asimismo su repulsa a la polémica reforma.