La plataforma SOS Xustiza surgió hace año y medio para luchar contra la nueva ley de tasas, pero el medio millar de abogados, procuradores, funcionarios judiciales, profesores y particulares que la integran han tenido que reaccionar por el camino a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que suprime 41 de los 45 partidos judiciales gallegos y deja a Vigo como sede "desplazada" de la capital de provincia. La presidenta de la ya constituida formalmente como asociación, Yolanda Aguiar, insiste en alejar el debate de cuestiones políticas y se aferra a los datos objetivos "incuestionables" que avalan la excepcionalidad de Vigo por su litigiosidad y volumen de población.

-¿Qué sucede en Vigo para haber liderado la lucha contra el tasazo y ahora contra la LOPJ?

-La ciudad fue y es pionera en reivindicar una justicia eficaz y más próxima. En Vigo hay profesionales muy comprometidos con el servicio público que han dado la cara. Nos ha tocado hacer pedagogía para concienciar a la población de que ellos son los principales damnificados por las reformas del Gobierno: pagarán más y tendrán más dificultades para realizar sus trámites y defenderse.

-¿Qué responde a quienes le tachan de alarmistas o de utilizar políticamente esta cuestión?

-Esta reforma pone obstáculos para acceder a la jurisdicción. Que la ciudad más importante de Galicia, con mayor tejido socioeconómico y con una de las mayores tasas de litigiosidad de España se vea relegada en el nuevo mapa judicial y pierda competencias es una causa que afecta a toda el área de influencia de Vigo. No es una cuestión de localismos. Vigo no lucha por una cuota de poder, sino por una justicia más eficaz. Los datos de actividad y población son incontestables. Quintuplica en asuntos a la capital. Gallardón legisla en contra de la realidad gallega, de las directrices de la UE y de los modelos que siguen los países del entorno.

-Pero el Gobierno insiste en que no se perderán dotaciones.

-Ese discurso es falsario. Vigo queda en una posición jerárquicamente subordinada de la capital de provincia. Los juzgados se van a ir físicamente a Pontevedra y Vigo perderá algunas jurisdicciones. La exposición de motivos de la ley introduce el concepto de especialización y es previsible que aquí queden algunos órganos judiciales, aún sin determinar, pero el grueso estará en Pontevedra. Se impone un mapa absolutamente discriminatorio con Vigo y se vuelve al modelo de justicia decimonónica.

-¿Qué consecuencias prácticas tendrá para los ciudadanos esta reforma de la justicia?

-La más directa es que tendrán que recorrer 60 o 70 kilómetros para presentar una demanda. Gente de Silleda, Viladecruces, A Golada o Baiona tendrán que acudir a Pontevedra para realizar algunos trámites. Es kafkiano.Estos desplazamientos encarecerán además los honorarios de abogados y procuradores. Y la cuestión se agrava aún más al trasladar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) las competencias de apelación. Nos obligan a cruzar Galicia para recurrir una sentencia. Esto limita el acceso a la justicia a ciudadanos con pocos recursos y otra consecuencia directa de la que no se habla es la pérdida de toda la actividad económica creada en torno al partido judicial. Gabinetes psicopedagógicos, colegios profesionales, unidades de asistencia a las víctimas, gestorías, asesorías y muchos otros negocios se irán desplazando a las zonas que concentren las infraestructuras judiciales. Se perderán empleos.

-¿Qué modelo defiende la asociación SOS Xustiza?

-La concentración de medios personales y materiales allí donde hay más actividad judicial y población. Esta reforma aumenta los gastos de los ciudadanos y las empresas y obligará a movilizar a jueces y funcionarios.

-¿Qué plantean?

-La inmediata retirada del proyecto de ley y la apertura de un diálogo con todos los agentes implicados. Denostamos la provincialización de la justicia y en el peor de los escenarios y contando que la reforma salga adelante, reclamamos que Vigo siga jugando un papel preponderante e independiente. Cómo lo resuelva normativamente corresponde al ministro decirlo. Pero no aceptaremos que Vigo quede subordinada a Pontevedra. Debe tener sede oficial con órganos judiciales propios, independientes tanto en la organización como en la gestión.

-¿Echa de menos alguna voz en la defensa del partido judicial?

-El pronunciamiento explícito y sin ambigüedades del presidente de la Xunta defendiendo la excepcionalidad del partido vigués. No está justificada más dilación. Hubo manifestaciones en privado o en reuniones con grupos profesionales, pero la Xunta debe dar un paso al frente y estoy segura de que cumplirá y pedirá además una sede desplazada del TSXG en Vigo para atender las apelaciones del sur de Galicia.

-¿Les vale su planteamiento de alegar para pedir 7 tribunales de instancia en las ciudades?

-El caso de Vigo no tiene comparación con ningún otro de Galicia ni de España. Núñez Feijóo tiene una deuda con Vigo en este tema y debe avalar su estatus judicial específico al margen de lo que se pida a mayores para Santiago o Ferrol.

-Es muy optimista.

-Es lo único razonable. Lo contrario sería una afrenta imperdonable a Vigo y a su área de influencia y no se entendería. Vamos a salir a la calle para evitar el desmantelamiento de la infraestructura judicial viguesa. Hay unanimidad entre todos los agentes sociales, económicos y políticos de la ciudad para frenar esta ley.

-¿Confía en lograr cambios en la tramitación parlamentaria como espera la Xunta?

-Los antecedentes no invitan al optimismo. La ley de tasas se aprobó sin atender las alegaciones. Y no es cierto que sea un proyecto embrionario. Es el texto aprobado en Consejo de Ministros y no se puede perder más tiempo para reaccionar.