"La excepcionalidad de Vigo es un hecho incuestionable". Los empresarios de Pontevedra suman fuerzas en la defensa del partido judicial aludiendo a razones objetivas de demografía, litigiosidad y posible repercusión sobre la economía del sur de la provincia. "El proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial amenaza la competitividad de las empresas de la provincia porque obligaría a los empresarios a desplazamientos continuos, a los de Vigo a Pontevedra, y a los de toda la provincia a A Coruña", en referencia a la supresión de las audiencias provinciales y la centralización de la segunda instancia en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El presidente de la CEP, Luis Novoa, se reunió ayer con el alcalde, Abel Caballero, para evaluar los efectos que la reforma de Gallardón tendría en el tejido productivo local. Ambos destacaron al término del encuentro la "coincidencia de objetivos" entre la administración local y la patronal, que apuesta por una organización administrativa más próxima al ciudadano. Pone como precedente la decisión de desdoblar la Delegación Territorial de la Administración Autonómica para Pontevedra en dos delegaciones, una en Pontevedra y otra en Vigo que ofrece cobertura a todos los ayuntamientos cercanos y cuya extensión coincide con las competencias territoriales de los actuales juzgados de lo Social de Vigo.
"Vigo es la ciudad más poblada de Galicia. Tiene tres veces y media más población que la capital de provincia y según datos de 2012 el partido judicial ingresó 87.000 procedimientos frente a los 18.601 de Pontevedra y los 53.768 de A Coruña", destacó el presidente de la CEP, quien hizo llegar a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), al presidente de la Xunta y al ministro de Justicia un escrito en el que se defiende el reconocimiento del "caso particular de Vigo, una simplificación de los procesos judiciales y medidas para evitar desplazamientos innecesarios", justo al contrario de lo que Novoa entiende que supondrá el nuevo mapa judicial.
"Empleados, empresarios, abogados y procuradores tendrán que desplazarse a diario a Pontevedra y eso supone una pérdida de tiempo y de dinero. Afectará a nuestra competitividad", concluyó el portavoz de los empresarios de Pontevedra, que defendió "la idiosincrasia específica de la ciudad y su área de influencia".
El alcalde destacó la "coincidencia de intereses" con la CEP en defensa del partido judicial vigués y lamentó el "golpe que se pretende asestar a la economía de la ciudad. Se vuelve a producir un traslado de recursos hacia A Coruña", lamentó Caballero, quien considera un "disparate" que la ley centralice los órganos judiciales en las capitales y se potencie A Coruña, a donde irán todos los recursos. "Atenta contra toda lógica", denunció el socialista, que celebra "el frente común y unánime surgido entre agentes económicos, políticos y sociales en defensa de Vigo".
