Vigo se ha puesto al frente de las críticas a la reforma de Gallardón porque atendiendo a los datos su caso no tiene comparación. Triplica la población de la capital de provincia y quintuplica el número de casos anuales ventilados. Pero no está sola en su batalla. Localidades como Gijón, Cartagena, Elche o Jerez, con más asuntos que sus capitales de provincia, también se han movilizado y presentarán informes contra el proyecto de LOPJ aprobado en Consejo de Ministros.
Son muchos los casos particulares y excepciones a la regla común de centralizar la justicia en las capitales de provincia que aspiran a ser reconocidos. Pero por ahora la ley solo ampara una excepcionalidad: mantiene en Alicante la sede del Tribunal de Marca Comunitaria en lugar de trasladarlo a la capital y que pase a depender del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con sede en Valencia como le correspondería. Esta unidad que dirime las disputas en materia de marca, dibujos y modelos comuntarios para toda España mantendrá sus competencias íntegras. La ley resuelve este caso particular contemplando la creación de una sección desplazada de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Alicante.
Esto es lo que se pide desde el Concello de Vigo y colectivos como Avogados Novos o SOS Xustiza cuando se habla de desdoblar las salas del Tribunal Superior gallego para que la gente del sur de Galicia no tenga que desplazarse a A Coruña para apelar una sentencia. Aunque por ahora la ley solo reconoce la excepcionalidad del Tribunal de Marcas, a juicio del presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, con esta decisión se abre la posibilidad a que se creen otras secciones desplazadas del tribunal autonómico valenciano a lo largo de la provincia. Este órgano atendió en 2013 60 procedimientos, planteados por empresas locales y también por grandes multinacionales, explicó su presidente, Enrique García-Chamón.
