Los sobrecostes que desencadenaron una investigación por parte de la Unión Europea sobre la ampliación del puerto de Gijón, principal competidor de Vigo en la Autopista del Mar, habrían sido negociados por el propio Ministerio de Fomento durante el mandato de Magdalena Álvarez. Según el exdirector de la Autoridad Portuaria y de la obra de reforma de El Musel, fue quien dio el visto bueno para realizar un modificado de proyecto cuando la concesionaria lo reclamó. "Planteamos en el Ministerio de Fomento que llegáramos a un acuerdo por el riesgo de perder los fondos (europeos)", aseguró José Luis Díaz Rato en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

La obra, al igual que el puerto coruñés de Punta Langosteira, acabó costando bastante más de lo presupuestado. La ampliación de El Musel se licitó en 499 millones y en ella se invirtieron finalmente más de 700. Detrás de la polémica en Gijón están supuestas irregularidades tanto en la contratación de las canteras que suministraron el material como los precios que se cobraron.

En todo caso, y pese a que un informe de la Unión Europea aconseja que se devuelvan casi 200 millones de euros de fondos de cohesión utilizados, el exdirector de la Autoridad Portuaria manifestó en la citada entrevista que el problema es de falta de entendimiento. "Creo que a la OLAF (Oficina Europea Antifraude) no se ha sido capaz de explicarle las cosas claramente, porque si hay una cantera que cumple las condiciones y estaban perfectamente controladas es la de Tudela de Veguín", manifestó respecto a las dudas de que se pagara material por encima de su precio. "Ahí pagamos a precio de proyecto", defiende.

Pese a la investigación europea y a la posibilidad de tener que devolver 198 millones y dejar de cobrar 49 que están pendientes, el exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón manifestó tener "la conciencia tranquila". "La seriedad con que se hizo en todos los aspectos, pocas obras hay que se hayan hecho con este rigor", defiende.

En la investigación se refleja que hay precios diferentes a los pactados en la piedra. También se investiga que la cantera a la que se compró inicialmente tenía participación de una de las empresas de la UTE. Tras varias denuncias, la OLAF abrió una investigación de la que acaba de emitir un informe que todavía no ha trascendido y en el que se aconsejaría a la UE que recupere los 198 millones de fondos de cohesión por las presuntas irregularidad cometidas.