El gobierno local y la Asociación Avogados Novos de Vigo consideran imprescindible el mantenimiento de una entidad judicial propia. Coinciden en que la nueva ley debe contemplar a Vigo como una excepción y reflejar dos tribunales de Instancia en la provincia -pasan a ser los nuevos órganos judiciales de primer grado-: uno en Vigo y otro en Pontevedra. De no aceptar el Ministerio de Justicia esta propuesta, tanto el alcalde como el colectivo de profesionales apuestan por situar a Vigo como "referencia provincial" y no descartan plantear el desdoblamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en dos sedes: una en A Coruña y otra en Vigo, como acontece en Andalucía con Málaga y Sevilla y siempre atendiendo a su volumen de actividad, peso demográfico y número de empresas.
Al término del encuentro, Abel Caballero celebró el trabajo en defensa del partido judicial que realiza la asociación y el que sean "muy activos" en sus reivindicaciones. Explicó que le plantearon la convocatoria de una gran movilización, respecto a la cual el regidor aseguró que por ahora "ni lo asumí ni lo descarté". "Se utilizarán todos los recursos para defender que la ciudad mantenga su partido judicial sin descartar nada", aseguró el socialista sin aclarar su decisión.
A diferencia de Alfonso Rueda, que rebaja la repercusión del proyecto aprobado el día 4 por el Consejo de Ministros a "borrador", Caballero insistió en que "es poco probable" que sea retirado porque ya no es una propuesta de un comité de expertos como hace un año y "tampoco es una hipótesis lejana, sino un ataque certero, lanzado y en camino". Por ello invitó a la ciudad a "mostrar su músculo" y hacer ver al Gobierno su rechazo a perder el partido judicial.
El alcalde volvió a exigir a Feijóo que aclare las gestiones realizadas en el último año a favor del partido judicial vigués y aseguró no esperar "nada" ni de la Xunta ni del presidente gallego o el conselleiro de Presidencia. "Qué vamos a esperar de un conselleiro que en su día se manifestó a favor de que el segundo juzgado de lo Mercantil se quedase en Pontevedra y no se ubicase en Vigo", le reprochó.
Ayer se sumaron a la defensa del partido judicial vigués la Cámara de Comercio de Vigo y el Consorcio de la Zona Franca. Su delegada, Teresa Pedrosa, quien alabó la "clara unanimidad" que hay en la ciudad sobre el caso y reiteró que "la administración tiene que estar lo más cerca posible del ciudadano". Por su parte, José García Costas que participaba en un acto con la delegada se mostró convencido de que Vigo podrá cambiar la ley: "Estoy seguro de que no va a salir adelante y de que Vigo no va a perder su estatus", avanzó.
