Los funcionarios judiciales se plantan contra las condiciones en que se ha impuesto el expurgo de documentación prescrita, caducada o innecesaria en los juzgados de lo Social como proyecto piloto para extender luego a las demás salas. La falta de espacio es acuciante y reconocen la necesidad de realizar esta encomienda, pero reclaman para ello el apoyo de personal archivero especializado en el tratamiento de este material o que se habiliten horas extra voluntarias remuneradas para trabajadores interesados fuera de su jornada. Lo que no están dispuestos es a seguir dedicando una hora diaria al cribado de expedientes y piezas de convicción restando tiempo a los asuntos ordinarios de los juzgados.
Más de 70 trabajadores comparecieron ayer en las instalaciones de los abogados en la calle Lalín para expresar su preocupación por el retraso que esta nueva exigencia está ocasionando. "Ya se están retrasando ejecuciones, sentencias, recursos y cualquier cometido diario", advirtió Pablo Valeiras, de Alternativas Xustiza Galicia. Explicó que los funcionarios de las salas de lo Social "intentan avanzar en el expurgo perjudicando lo menos posible el trabajo diario" y aseguran que en estas condiciones durará "una eternidad".
Exigieron la intervención de la Dirección Xeral de Xustiza para que evite "excesos" en los coordinadores de los trabajos. Los funcionarios denuncian que están sufriendo "medidas de presión y amenazas de expedientes disciplinarios" para realizar el expurgo. "O que traigan personal experto o se hagan horas extra voluntarias", reivindicaron de forma reiterada. Se declararon "hartos de los ataques de la administración a un servicio público" y dejaron claro que "si el trabajo no sale y los ciudadanos se quejan de que la justicia es lenta es porque alguien no quiere que se saque adelante y ahora tenemos que dejar nuestras funciones para eliminar esos archivos viejos", explicó el portavoz de los trabajadores.
