El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha revocado los dos primeros despidos laborales en entidades bancarias a consecuencia del mayor fraude fiscal destapado en Vigo, con epicentro en el grupo empresarial Las 5 Jotas como emisor de facturas falsas de las que se beneficiaron al menos 200 imputados, incluidas 65 grandes empresas dedicadas a obra pública, y que podría superar los 100 millones de euros.

El alto tribunal gallego ha dado la razón a la directora y al subdirector de la sucursal de CaixaBank en Cabral, que recurrieron sus respectivos despidos considerados procedentes por el Juzgado de lo Social 1 de Vigo. El fallo considera prescrito el plazo para imputarles malas prácticas laborales por la entidad bancaria y sostiene que el Banco conocía la operativa de la sucursal de Cabral -ya que realizó al menos dos auditorías hasta 2010- y premió con bonus durante cuatro años la excelencia de la directora después despedida.

José Manuel Costas, jefe del grupo empresarial Las 5 Jotas, era cliente de la sucursal de la avenida de Ramón Nieto. Entre los años 2007 y 2011 se abrieron depósitos y cuentas a nombre de distintas personas, entre ellas numerosos ciudadanos rumanos, ajenos a la operación. José Manuel Costas era quien abría las cuentas y aportaba la documentación de estos terceros que, en muchos casos, habían trabajado como autónomos para su grupo empresarial familiar.

En dichas cuentas las empresas del grupo Las 5 Jotas hacían ingresos y después José Manuel libraba cheques contra las mismas, generalmente nominativos y endosados a favor de terceros: los rumanos y otros titulares que desconocían los hechos. Después era el propio Costas quien los cobraba en efectivo, pero los empleados de CaixaBank introducían el documento de identidad de la tercera persona, no el de Costas, con lo que se cargaban los impuestos contra esos "terceros" que, desconocedores de la situación obviamente no los abonaban. Motivo por el que la Agencia Tributaria realizó hasta 21 requerimientos a la sucursal en el año 2009.

La apertura de depósitos de forma irregular se prolongó durante cuatro años: entre 2007 y 2011, según consta en la carta de despido a la directora y al subdirector de la oficina. El TSXG considera que el Banco "tenía conocimiento cierto y cabal" de la operativa de la oficina y sostiene que "cualquier irregularidad era perfectamente detectable y controlable" no solo por los mecanismos ordinarios de control del Banco, sino por los auditores que evaluaron la situación de la oficina bancaria en los años 2008 y 2010. Esta última auditoría centrada precisamente en la actividad de Las 5 Jotas.

El tribunal resalta que las supuestas irregularidades que se argumentan para el despido corresponden a esos años, por lo que el plazo ha prescrito ya que éste se hace efectivo mediante correo electrónico en 2012 "tras el fraude fiscal investigado por la Agencia Tributaria". En su sentencia fija una indemnización de 72.600 euros para la directora y otras de 50.600 para el subdirector en caso de no ser reincorporados a su puesto, o de los salarios que les habrían correspondido sin son readmitidos.

Aunque en el ámbito laboral los hechos están prescritos, no ocurre lo mismo en el penal, como señala el TSXG. Ambos directivos bancarios están imputados en la causa general de fraude fiscal que dirige la magistrada de Instrucción 6, si bien el fallo laboral avalaría la tesis esgrimida por el abogado de los hermanos Costas que ha pedido a la juez que se cite también a los jefes territoriales y de zona de las entidades bancarias .