"La privatización del registro Civil conllevaría como primera medida la desaparición de los juzgados de paz en los ayuntamientos y, posteriormente, los partidos judiciales, reforma que está en marcha. Alejará la administración de los ciudadanos y habrá que pagar por un servicio público que hasta ahora es gratuito y el que mejor funciona de la Justicia ya que se han invertido 128 millones de euros en su informatización". Así de tajantes se muestran los sindicatos de Xustiza CCOO y CIG de Vigo, que anuncian movilizaciones la próxima semana contra el posible traspaso del Registro Civil al Colegio de Registradores.
La carta interna del decano de los Registradores de España en la que informa a los colegiados que "la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores" viene a demostrar, según José Barreiro, de CIG, y Pablo Valeiras, de CCOO que la reforma del Ministerio de Justicia no estaba congelada, sino en una negociación secreta.
"Pretende traspasar los datos y servicios públicos del Registro Civil a los registradores de la propiedad que cobrarán por expedir certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad. Son documentos muy utilizados por los ciudadanos para el Inem, las pensiones, los colegios y para identificarse como herederos. Los registradores cobran ahora entre 10 y 40 euros por certificación, si se multiplica por los más de 1.300.000 trámites anuales del Registro Civil, Gallardón les regala el maná. ¿Por qué si hay que cobrar algo no lo hace directamente Justicia en vez de que se lleven el dinero particulares? No somos partidarios de que se cobre, pero se puede hacer como Hacienda, lo entenderíamos", aseveran.
De entrada la próxima semana comenzarán a movilizarse en la calle y a recoger firmas entre los ciudadanos en contra la posibilidad de que se privatice el registro Civil. Además, se reunirán con representantes de partidos políticos, asociaciones de la judicatura -tanto de abogados y procuradores como de jueces- y especialmente con los alcaldes cuyos municipios pueden quedarse sin juzgado de paz. En este caso se encuentran los concellos de Gondomar, Baiona, A Guarda, Tomiño, O Rosal, Salvaterra, A Cañiza, Mos o Mondariz.
Aunque no se ha presentado un proyecto oficial, los sindicalistas de Xustiza apuntan que sólo falta por explicar cuánto pueden cobrar por aranceles y por qué van a cobrar los registradores. "Si quieren separar el Registro Civil de los jueces, los secretarios judiciales pueden asumirlo", apostillan.
El Ministerio de Justicia, ante el revuelo generado tras conocerse la carta del decano de los Registradores, Gonzalo Aguilera, ha desmentido que se haya tomado una decisión y se haya cerrado un acuerdo con ellos. Según fuentes del Ministerio, siguen abiertas las dos opciones de asignación de la gestión del Registro, ya sea a los registradores o a los secretarios judiciales.
Sin embargo las movilizaciones a nivel nacional comenzarán de inmediato. En Vigo ya se ha solicitado el permiso correspondiente para la primera concentración que podría ser el viernes.
