Lo han hecho in extremis, pero han logrado cumplir con el último plazo que se habían fijado. Antes de la llegada del nuevo año, el Servicio Galego de Saúde y el Hospital Povisa han brindado por el acuerdo para la renovación del concierto singular que los une. Su vínculo se prolonga otra década para dar asistencia a un máximo de 139.000 usuarios del área sanitaria viguesa. Por cada uno de ellos, la Xunta pagará 540 euros anuales. Pactadas las condiciones, ahora le toca el turno a la burocracia. El Sergas calcula que el nuevo convenio entrará en vigor a finales de marzo.

Tras tres años de negociaciones, la relación se mantiene, pero el modelo de concierto cambia por completo. Hasta ahora, Povisa tenía una población asignada por adscripción territorial y cobraba en función de su actividad. Ahora tendrá un cupo máximo de tarjetas sanitarias -139.000- y recibirá una cantidad concreta por cada una de ellas, lo que se conoce como "cápita". Esta cuantía, que se ha fijado en 540 euros, fue uno de los principales escollos.

En total, la Administración autonómica abonará al hospital vigués un máximo de 75 millones de euros anuales -que se revisarán con un porcentaje sobre el IPC-, una cantidad similar a la actual. La gerente del Sergas, Nieves Domínguez, reconoce que esta "capacidad de financiación" es "uno de los muchos criterios" que se han tenido en cuenta, pero destaca que el más importante es "que la población esté bien atendida". La cuantía de la cápita también podrá ser objeto de revisión si ambas partes consideran necesario incorporar nuevas técnicas que supongan un incremento en los costes.

Povisa asistía hasta ahora a los adultos de O Morrazo, Val Miñor y varios barrios de Vigo. Una población de referencia que el centro privado estimó este verano en 143.000 personas. Nieves Domínguez puntualiza que la cifra "fluctúa" con los cambios demográficos y que "siempre se ha movido entorno a 140.000 pacientes". Explica que para fijar el límite de 139.000 usuarios se han tenido en cuenta las necesidades del Sergas en el área y la capacidad del hospital de la calle Salamanca. Este último se compromete a cumplir los mismos objetivos de listas de espera que los complejos públicos con la nueva cantidad asignada. El convenio recoge mecanismos tanto de control como de sanción.

A partir de ahora, serán los propios ciudadanos los que decidan en qué hospital quieren ser atendidos. Así que, el número final de usuarios que Povisa facturará a Sanidade cada año dependerá de la elección de estos. Nieves Domínguez explica que, a principios de cada año, se abrirá un plazo para que los pacientes escojan centro o se cambien si están a disgusto. Lo que todavía no han abordado son los criterios que la Administración empleará para priorizar las solicitudes si estas llegan a rebasar el límite de 139.000.

Otro de los flecos pendientes en el aspecto económico eran los desvíos de pacientes a otros centros. El Chuvi le facturará al hospital concertado -que mantendrá su actual cartera- los servicios que este no tenga y que preste a sus usuarios y viceversa. En principio, se seguirán los precios estipulados en las tarifas públicas, pero si estas "excepciones" se convirtieran en algo "frecuente" se regularían unas específicas.

El convenio tendrá una vigencia de ocho años, con otros dos de prórroga; el máximo permitido por ley. Para la gerente del Sergas es un plazo "razonable" que le dará "estabilidad" al hospital privado. El acuerdo tiene la misma duración que el firmado en 2001, caducado en 2010 y prorrogado de forma forzosa "por interés público" tres años. Con la llegada de 2014, el Consello de la Xunta debía abordar ayer una cuarta prórroga. En esta ocasión, en vez de hacerla de un año la firmó por tres meses, el tiempo que la Administración calcula que se tardará en tramitar el papeleo del concierto antes de estampar las rúbricas definitivas.