Diego Espino es secretario del Juzgado de Primera Instancia número 10, además de profesor en la Universidad de Vigo. "La tasa ha influido en restringir el acceso a la apelación (en la Audiencia Provincial), pero en Primera Instancia no se notó una disminución real vinculada a ella; sí hay una bajada de asuntos, pero está más vinculada a la estabilización de la situación de crisis; aunque sigue habiendo muchísimas, las reclamaciones económicas llegaron a un máximo y se han frenado", opina Espino, que impartió varias conferencias sobre el tasazo, la última en unas jornadas de Derecho Procesal Civil.

A su juicio, lo ideal es que el acceso a la Justicia en el ámbito civil no tuviera tasa, al menos para el "usuario excepcional de la Justicia". "Pero si el Estado necesita imperiosamente recaudar, probablemente fuera más eficaz establecer una tasa más baja con carácter general y menos complicada técnicamente; porque cuando se vea el resultado de la recaudación por tasa no se va a tener en cuenta el tiempo perdido por las oficinas judiciales en la gestión de la tasa en detrimento de otras actividades", resume.