El Concello inicia el derribo de las naves ilegales de Punta Lagoa tras casi una década de litigios

La amenaza de derribo que pende desde 2004 sobre cuatro pabellones del puerto deportivo de Punta Lagoa acaba de consumarse. Tres operarios de Copcisa S.A. -firma adjudicataria de las obras- provistos de una plataforma de tijera iniciaron ayer el desmantelamiento de las naves construidas sin licencia en las faldas del monte A Guía. Durante toda la jornada los obreros se afanaron en desmontar las láminas metálicas que cubren la fachada que mira hacia la ribera. Una vez se finalicen esos trabajos -se estima que a lo largo de hoy- cuatro operarios continuarán con un camión grúa por los laterales y la cubierta. Como último paso la adjudicataria cortará las cerchas de la estructura y sus pilares. Fuentes de Urbanismo estiman que el proceso se demorará un mes.

El plazo que maneja la firma prevé posibles inclemencias meteorológicas. Al trasladar chapas metálicas con la grúa cualquier racha de viento que supere los 40 km/h obligaría a los operarios a detener su trabajo. Urbanismo está pendiente además de que la compañía propietaria de las naves, Astilleros y Construcciones Lagoa S.A. -vinculada al expresidente del Grupo Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro- retire un yate arrimado a uno de los pabellones afectados. Según el proyecto de demolición de la Gerencia de Urbanismo, fechado en junio de 2011, Copcisa S.A. tendrá que derribar cuatro estructuras: tres anexas que suman 1.684 m2 y forman un único conjunto en el centro del solar y otra, de 40 m2, pegada a unas oficinas próximas a la entrada. El presupuesto total del derribo asciende a 84.767 euros.

Los trabajos de derribo se inician tras expirar el plazo solicitado por Astilleros y Construcciones Lagoa S.A. para retirar los barcos que ocupaban y cercaban las naves ilegales. En los últimos días técnicos del Concello habían accedido al solar para comprobar que se había cumplido con ese requisito. El proceso se remonta sin embargo a noviembre de 2004, cuando Urbanismo concluyó que una de las naves era "incompatible con la ordenación urbanística vigente" ya que se había levantado "sin licencia". Otro expediente de enero de 2005 amplía el dictamen a una ampliación, una reforma y el cuarto pabellón. En 2010 el juzgado de lo contencioso número 3 emitía una sentencia -confirmada más tarde por el Tribunal Superior de Xustiza- en la que ordenaba al Concello que ejecutara el derribo. En abril de 2012 el mismo juzgado desestimaba la solicitud de la empresa de suspender los trabajos.