El Concello de Vigo ya puede poner en marcha la hoja de ruta fijada para convertirse en el primer municipio español de régimen común en alcanzar la "deuda cero". El gobierno local vigués consiguió ayer el visto bueno para cancelar créditos bancarios por valor de 16,7 millones de euros e iniciar el plan de amortización con el que pretende alcanzar el objetivo en el año 2016. Los votos a favor del Partido Popular permitieron al pleno municipal aprobar de forma definitiva la modificación presupuestaria con la que se liberará de los préstamos concertados en 2011 y 2012 -vencen en 2021 y 2022- para poder ahorrar un millón de euros en intereses. La abstención del PP en el pleno del pasado mes de mayo, que en principio condicionaba su apoyo final a una bajada de impuestos, permitió que los once votos del PSOE sirviesen para impulsar la iniciativa y dejó sin efecto el rechazo de los tres ediles del BNG, que este lunes se ratificaron en su postura contraria.
Políticas sociales
Raquel Díaz, concejala de Hacienda, fue de nuevo la encargada de defender la medida económica con el objetivo de sanear las cuentas municipales y eliminar la deuda financiera en un plazo de cuatro años. "Le hemos dado una vuelta al mandato del Gobierno", señaló para explicar que habían decidido rentabilizar las órdenes del Ministerio de Hacienda que impedían mayor endeudamiento. "Si nos declaramos insumisos, no podemos hacer nada, por eso decidimos amortizar el dinero para utilizarlo en el futuro a políticas sociales", indicó Díaz.
Desde la bancada nacionalista, la concejala Iolanda Veloso se mostró en contra del plan municipal y destacó su oposición a la amortización de la deuda alegando que tan solo beneficiaba a las entidades financieras. "No queremos que le den dinero a los bancos, hay que dárselo a las personas que lo necesitan", dijo Veloso. "Reclamamos que se modifique la legislación y que se permita utilizar para dar servicios a la ciudadanía" afirmó.
Miguel Fidalgo, concejal del PP, comenzó su intervención señalando que tenía "la impresión de que no querían traer este expediente al pleno" y criticó a Raquel Díaz por practicar una "política de Manquiña: igual le digo una cosa que la otra". En cualquier caso, los populares votaron "por coherencia" a favor del plan de amortización de deuda municipal.
Fidalgo y Díaz también mantuvieron un intenso debate durante la presentación de la cuenta general y el estado de ejecución de gastos e ingresos en el primer semestre de 2013. La edil socialista insistió en la diminución de la presión fiscal sobre los ciudadanos y la congelación de tasas como las de las escuelas infantiles, el agua, la basura o el autobús urbano. Raquel Díaz fijó el ahorro neto en 30,4 millones y las inversiones en políticas keynesianas en unos 33 millones.
"Está todo privatizado"
Fidalgo, por su parte, lamentó que "esté todo privatizado" y enumeró algunos de los proyectos pendientes del gobierno socialista como el acceso a Navia, el parque de bomberos o el mercado del Berbés. "La ciudad está paralizada y no se ha iniciado casi ninguna de las obras previstas", mantuvo. La responsable de Hacienda negó las acusaciones y respondió que los servicios ciudadanos de la ciudad están privatizados "al igual que cuando ustedes gobernaban".
Protesta de los trabajadores de centros cívicos - Una decena de personas llevó a cabo una protesta durante el pleno municipal por los despidos de trabajadores de centros cívicos. Coreando lemas contra el alcalde y el gobierno local, los manifestantes reclamaron la readmisión de una empleada del Centro Cívico de Coruxo. Vigilados por la Policía Local, interrumpieron en varias ocasiones los discursos de los concejales, pero no fue necesario detener la sesión plenaria. En otra zona de las butacas destinadas al público también estuvo presente un grupo de jóvenes de Nuevas Generaciones.
