El traslado a Pontevedra de los 42 jueces que actualmente ejercen en Vigo conllevaría también la marcha de otros 336 funcionarios de base. Los efectos secundarios de la propuesta del comité de expertos, al que Alberto Ruiz-Gallardón encargó dos informes para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Planta y Demarcación, afectaría igualmente a los ocho funcionarios que trabajan con cada uno de los magistrados. No sería la única consecuencia.

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