Un "ataque directo" a la ciudadanía y a la abogacía. El presidente del Consello da Avogacía Galega, Antonio Platas, se mostró ayer tajante a la hora de valorar el borrador sobre la futura Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía y Competitividad, en el que se plantea una severa reducción de los 83 actuales colegios de abogados que funcionan en España al proponerse una sola entidad por comunidad autónoma, permitiendo excepcionalmente un ámbito territorial provincial. El que también es decano del Colegio de Abogados de A Coruña rechaza de plano esta propuesta y acusa al titular de la cartera de Economía Luis de Guindos y también al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, impulsor de otras muchas polémicas reformas que han agitado al sector, de provocar un estado de "guerra permanente". "¿Por qué tocan algo que funciona bien? Esos señores nos sobran", afirma confesando su "indignación".
La Ley de Servicios Profesionales en la que trabaja Economía -en fase de redacción según fuentes de este departamento- ha movilizado a la abogacía tras la filtración de varios documentos en el que, entre otros puntos, se hace referencia a la distribución territorial de sus colegios: de salir adelante, solo habría uno por comunidad o de forma excepcional por provincia, lo que pondría en peligro la supervivencia del que funciona en Vigo y en el resto de ciudades que no son capitales. El ministerio solo reconoce un primer "documento de trabajo" y afirma que "no es definitivo" ni es "la postura que se está barajando". Pero el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha querido "anticiparse": aprobó un manifiesto defendiendo la pervivencia de los 83 colegios españoles y acordó asimismo entablar contactos a nivel de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y en el ministerio. El presidente del CGAE, Carlos Carnicer, espera que estas "acciones" frenen la iniciativa, y el decano vigués, Alfonso Álvarez Gándara, se muestra también confiado, por las conversaciones que hubo hasta el momento, en que la propuesta "no cobre estado oficial". "Lo contrario sería una frivolidad", valora.
Pero a la espera de conocerse oficialmente el texto legal, lo que ha trascendido ya ha indignado a la abogacía. Platas es tajante. "Los colegios no le costamos un duro al Gobierno, porque vivimos con las cuotas de los colegiados, y hacen una función muy trascendente de cara a la ciudadanía; estamos cerca del pueblo y funcionamos bien", defiende el presidente de la abogacía gallega, que señala, para el caso concreto de Galicia, que no debe desaparecer ni uno de los que existen: los cuatro de las capitales provinciales, además de los de Vigo, Santiago y Ferrol.
La existencia de este borrador también preocupa a colectivos como Avogados Novos de Vigo. Fabián Valero, su portavoz, pone el acento en que los colegios prestan un servicio público como es el de la justicia gratuita y deben estar "cerca de la ciudadanía". "Para el ciudadano, cuanto más colegios de abogados mejor servicio y más voces independientes habrá en su defensa", valora este letrado.
