"El Consejo General de la Abogacía Española solicita la reconsideración del proyecto normativo existente para que en el mismo se respeten la existencia de los 83 Colegios de Abogados españoles y el actual estatuto jurídico de la profesión, como garantías de los derechos de los ciudadanos". Éste es el último punto del manifiesto aprobado por el pleno del CGAE. Y ayer su presidente, Carlos Carnicer, recordaba a FARO este acuerdo adoptado por los 102 consejeros del organismo como muestra de la "preocupación" generada tras conocerse el borrador. "La reacción ha sido inmediata, firme y general; nos oponemos a que se cierre o fusione cualquiera de los colegios", afirma. El documento establece otros cambios significativos que también rechaza el sector, como la supresión de la colegiación obligatoria de todos los abogados.

Carnicer garantizó que lucharán para que el criterio autonómico o provincial no se imponga en la estructura de los colegios de abogados. Sobre una posible desaparición del de Vigo, el presidente del CGAE considera que sería "inconcebible". "En España hay muchos colegios que son de partido judicial; y el de Vigo es más grande que el de Teruel y Huesca juntos", manifiesta.

Insiste que no hay ni un solo motivo que justifique la eliminación de ningún colegio. Desde el punto de vista económico, se autofinancian y, añade, es necesario que estén cerca de los ciudadanos porque tienen "una gran función social". Además de la justicia gratuita, cita otros muchos servicios como los que ofrecen asesoramiento a deudores hipotecarios o víctimas de desahucios. ¿Confía en que esta propuesta no acabe materializándose en la ley? Se muestra esperanzado: "Al final habremos argumentado y explicado suficientemente; espero que no vaya adelante".