El partido judicial de Vigo será defendido hoy a ultranza. Los planes de Alberto Ruiz Gallardón que ponen en serio peligro la demarcación viguesa y otras cuatro polémicas reformas impulsadas por el mismo ministro son los motivos de una manifestación ante los juzgados que también apuntará hacia la Xunta tanto por su "inacción" ante estos cambios legales como por lo que los convocantes definen como una política de "recortes laborales y salariales". La movilización ha sido impulsada por los sindicatos judiciales y tendrá un amplio seguimiento por parte de los funcionarios, pero también cuenta con el apoyo de otros colectivos tanto del sector judicial como del político. Y de otros ámbitos. "Hemos hablado con la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos y con los afectados por preferentes para que acudan", avanzan los organizadores, que hacen asimismo una llamada expresa a la participación "de toda la ciudadanía".
La de hoy será la primera protesta en la calle desde que salió a la luz el proyecto que prevé la eliminación del partido judicial vigués. "Todas las reformas son gravísimas, pero esa fue la gota que colmó el vaso", resume Pablo Valeiras, portavoz de CC OO Xustiza. Sindicatos y funcionarios pegaron durante los últimos días en los juzgados carteles con las razones de la manifestación y con fotos del conselleiro Alfonso Rueda y el director xeral de Xustiza Juan José Martín junto a la palabra Wanted. "Gallardón es el culpable principal, pero la Xunta y ellos lo son también, son culpables secundarios por inacción", añade Valeiras, que relata que colectivos de letrados como Avogados Novos y Un Colegio para Todos, así como grupos políticos como IU o Anova le han mostrado "apoyo expreso" a la movilización:"También hemos hablado con el PSOE y entendemos que el PP debería estar porque está en juego el partido judicial".
¿Los motivos concretos de la movilización? La propuesta de crear partidos judiciales uniprovinciales con sede en la capital -en este caso Pontevedra- es uno de los principales. Pero hay más. Otras cuatro iniciativas de Gallardón engrosan la lista: a las tasas judiciales ya vigentes y a la privatización del Registro Civil se une la reforma del Código Penal, que prevé dejar la instrucción en manos de los fiscales, y el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, los sindicatos se oponen que se otorguen competencias a los procuradores que ahora hacen los funcionarios, como funciones de notificaciones y embargos:"Es una privatización de los actos de comunicación y roza la ilegalidad". Los recortes laborales y salariales completan el grueso de las reivindicaciones.
