El partido judicial de Vigo figura en documentos oficiales desde la década de 1810 y fue incluido en la primera división del territorio en 47 partidos judiciales decretada en el año 1834. Aplicar ahora una reforma legal que pivote sobre las capitales de provincia y reduzca a cuatro los partidos judiciales gallegos supondría un retroceso de casi dos siglos para la primera ciudad de Galicia. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón apoya este planteamiento realizado por un comité de expertos, pero la judicatura viguesa en bloque y los partidos municipales se oponen a una concentración de los órganos judiciales en la ciudad del Lérez o a una especialización territorial en los distintos órdenes.
Las divisiones judiciales del siglo XIX se hicieron siguiendo criterios geográficos, poblacionales, distancias, accesibilidad y relaciones económicas. Estos mismos argumentos son los que defiende ahora Vigo para mantener su partido judicial como hicieron las sucesivas reformas judiciales desde hace casi 200 años.
"El planteamiento del ministerio no es realista. Impulsar un modelo uniprovincial supondría para Vigo un paso atrás gravísimo. Lo obligarían a dar un salto en el tiempo de vuelta a 1830", advierte el exdecano de los jueces de Vigo y magistrado emérito del Tribunal Supremo, Antonio Romero. Este veterano que luchó durante años para aumentar las infraestructuras judiciales de Vigo advierte además que cualquier reforma del sector "está condicionada en buena parte por las estructuras físicas existentes". "No hay espacio para llevar todos los juzgados a Pontevedra ni se van a dejar edificios vacíos en Vigo. Ni me lo planteo", valora a la espera de más detalles.
La primera propuesta para dividir Galicia en partidos judiciales la realizó en 1813 una comisión particular de la provincia de Santiago que incluye a la ciudad de Vigo como partido judicial propio por ser una de las regiones que cumplía con el mínimo de cinco mil vecinos establecido por los expertos.
Durante el Trienio Liberal (1820-1823) incluso se aprobó con carácter provisional una división de Galicia que incluía a Vigo como cuarta provincia. El proyecto fue frenado por la restauración del absolutismo y en la división civil del territorio aprobada a finales de 1933 ya volvía a figurar Pontevedra como capital pese a que Vigo sí se mantuvo como partido judicial en la subdivisión aprobada un año después -abril de 1834- y que apenas sufrió variaciones durante el XIX.
Desde aquellos primeros intentos de organización de las provincias, Vigo se mantuvo como un partido judicial independiente de Pontevedra por su peso económico y demográfico a pesar de la proximidad de ambos municipios, que por entonces tenían 6.600 y 7.400 vecinos, respectivamente. Las luchas sobre la capitalidad de la provincia nunca se aplacaron, pero la división judicial se convirtió en un elemento básico de la organización estatal y un marco estable de referencia vigente hasta mitad del siglo XX.
La Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 1870 mantuvo la distribución de partidos judiciales de principios del siglo XIX que incluía uno en Vigo y para abordar una profunda reordenación de la demarcación judicial habría que esperar a los decretos 3.388 de 1965 y 162, de 1969, que ubicaron en A Coruña la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la sede de las Audiencias Provinciales en las capitales.
La actual distribución de partidos judiciales de Galicia se debe a la Ley 38/1988 de Demarcación y Planta que el Ministerio de Justicia quiere reformar junto a la Ley Orgánica del Poder Judicial. El planteamiento inicial del Ministerio de Justicia es suprimir los 45 partidos judiciales gallegos y dejar uno por provincia sin tener en cuenta que el de Vigo tiene el triple de población que el de Pontevedra o casi quintuplica su actividad.
"Es un retroceso incomprensible y va en contra del principio democrático de acercar la justicia a los ciudadanos", denuncia Jesús González-Puelles, exdecano de los procuradores de Vigo, quien insta al ministerio a sustituir los criterios económicos por la búsqueda de un buen servicio público. "Traer a Vigo las secciones de la Audiencia o el Mercantil agilizó los procesos. Volver a depender de Pontevedra podría provocar un colapso", advierte. "Es un ataque frontal a la ciudady a sus ciudadanos".
