El partido judicial vigués ya contó con una defensa en bloque tras conocerse el informe de una comisión de expertos que ponía en peligro su supervivencia al proponerse un modelo uniprovincial con sede en la capital de provincia. Y ahora, después de que el ministro Alberto Ruiz Gallardón haya asumido ese planteamiento como el "adecuado" con la única excepción en casos como Vigo de albergar ciertas especialidades, esa defensa se ha vuelto todavía más exacerbada. Jueces, abogados, procuradores y fiscales han mostrado un contundente rechazo a la reducción de los 13 partidos judiciales actuales a una sola demarcación ubicada en la ciudad de Pontevedra: la mayoría mantienen que el modelo adecuado es una división territorial norte-sur con Vigo y la capital como cabeceras. "Disparate", "provocación" o "despropósito absoluto" son algunos de los adjetivos a los que se han remitido algunos juristas para calificar la reforma que se pretende llevar a cabo. Y van más allá, porque son muchos los que critican abiertamente la "falta de transparencia" a la hora de informar del proyecto por no concretarse su "letra pequeña". "El ministro debe explicar mejor sus planes; soy de los que aún no entiende la reforma", afirma contundente el decano de los abogados vigueses, Alfonso Álvarez Gándara.
Gallardón compareció el martes en la Comisión de Justicia del Congreso. Y confirmó que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -ahora borrador pero que podría ser anteproyecto en otoño- y la de la Ley de Demarcación y Planta van al modelo provincial. Citó a Vigo, pero no para proponer la excepción que se pide en la ciudad -que sea partido judicial propio-, sino para vaticinar, a modo de ejemplo, que sus infraestructuras se podrían aprovechar concentrando juzgados especializados: habló solo de las tres salas mercantiles que hay en la provincia, dejando en el aire si también se plantearía ubicar otras como las de Familia, Social o Violencia sobre la Mujer.
Proyecto ambicioso
La reforma de partidos judiciales se enmarca en un proyecto aún más ambicioso que prevé la creación de tribunales de instancia o la desaparición de las audiencias provinciales, ya que las apelaciones de éstas pasarían a los tribunales superiores de justicia. Entre otros muchos cambios. La judicatura no rechaza que se avance a un cambio de modelo y a una reducción de demarcaciones, pero a lo que se oponen es a que Vigo pierda su partido judicial, algo "irracional". Y descartan la división por especialidades avanzada por el ministro; abogan por la territorial. El juez decano vigués Germán Serrano se remitía ayer a lo que acordó el pasado año la junta de jueces: dos demarcaciones en la provincia con la ciudad olívica y Pontevedra como cabeceras. Y todo ello sin que Vigo pierda ni un ápice de su actual infraestructura ni juzgados de ninguna jurisdicción.
Otros magistrados son aún más críticos. "Sería un disparate y un despropósito absoluto que Vigo se quedase sin infraestructura judicial", resume Julio Picatoste, de la sección civil de la Audiencia viguesa. Este juez incide en que solo se conocen "los trazos gordos" del proyecto. Falta "la letra pequeña". "¿Cómo se va a desarrollar la reforma? ¿Qué ocurrirá con los edificios actuales?", se pregunta. Precisamente, la confusión y la falta de concreción sobre el plan desconcierta a los juristas. "Que el ministro nos explique de una vez lo que va a hacer", exige el decano de los abogados Alfonso Álvarez Gándara. Firme defensor del partido judicial vigués, alerta además que con el actual contexto "no es momento de reformas arriesgadas". Y mucho menos si supone regresar a la "anticuada" división provincial aprobada en 1833.
También el colectivo Avogados Novos de Vigo es contundente. Fabián Valero, su portavoz, recuerda que no hay otro caso comparable a Vigo, "con cuatro o cinco veces más asuntos que la capital de provincia", y anticipa que lucharán contra el criterio uniprovincial. Esta asociación solicita la "unión de todos" en defensa de la demarcación viguesa y adelantan que apoyarán o impulsarán movilizaciones para defender a la ciudad. El abogado Matías Movilla, de Xustiza e Sociedade, también lo tiene claro. Reclama la "excepcionalidad" de Vigo y va más allá al señalar que aún necesita "más juzgados" de los actuales. "Volver a un planteamiento provincial sería una gravísima regresión", advierte.
Como jueces y abogados, la Fiscalía sale en clara defensa de Vigo, exigiendo a la vez "una orientación clara" de la nueva distribución y organización que planea el Gobierno. "Yo no la veo", señala el fiscal jefe provincial, Juan Carlos Aladro, que ve "irracional" una sede uniprovincial: "Debe haber dos, en Pontevedra y Vigo, e incluso lo idóneo serían tres con otro partido en O Salnés".
Los procuradores vigueses no se quedan atrás. Ellos critican con especial énfasis la falta de explicación sobre lo que se va a hacer. Su decano, Manuel Castells, opina que el ministro Gallardón ha lanzado "un órdago" y califica lo que anunció hasta ahora como "una provocación".
¿Y las asociaciones de jueces? Ignacio Picatoste, de la APM, ve adecuado "concentrar la justicia en grandes centros de gestión y decisión". Pero considera que con ciertas ciudades, y una de ellas sería Vigo, hay que hacer excepciones "a la regla general". Xermán Varela, de Jueces para la Democracia, ve también positiva la concentración, pero admite que habrá que estudiar las "posibilidades" que se abrirían en base a este modelo.
