La reforma legislativa que el Gobierno central acometerá antes de finalizar el presente mandato se ha convertido en una seria amenaza para la supervivencia del partido judicial de Vigo. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se mostró ayer partidario de asumir la propuesta de la comisión de expertos para eliminar todas las demarcaciones e implantar un modelo uniprovincial que tendría su sede en cada una de las 50 capitales españolas. Lejos de aceptar que la ciudad de Vigo es un caso excepcional, tanto por población como por la actividad de sus juzgados, simplemente mencionó la posibilidad de trasladar algunas de las especialidades desde Pontevedra.
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