Antonio Dorado es uno de los integrantes de la comisión de expertos a la que se dirigió el Consejo de Ministros para solicitar el informe. El grupo también está integrado por los magistrados Luis María Díez-Picazo y Carlos Lema, los abogados Marta Silva y Joaquín Vives, el catedrático Juan Damián Moreno y el decano del Colegio Procuradores de Madrid, Antonio Álvarez Builla. Dorado conoce bien el caso de Vigo y considera que sería "un problema", aunque argumenta que la decisión de aplicar el modelo es "político" y añade que "nosotros únicamente utilizamos criterios técnicos"
-¿Cuáles son los argumentos y los razonamientos de la comisión sobre esta proposición?
-La principal razón es especializar mucho más la jurisdicción y racionalizar los recursos que tenemos. Al haber un tribunal a distancia de ámbito provincial con cuatro salas, civil, penal, contencioso y social, puedes unificar la sede y se puede especializar. Por ejemplo, en cada provincia puede haber una especialidad de familia, mercantil, violencia? No como ahora, que hay juez en cada partido judicial. En Madrid, Sevilla, Pamplona? hay juzgados de Familia y luego, si un señor se divorcia en una ciudad cuyo partido judicial no es la capital, no hay un juez especializado.
-¿Hay razones económicas?
-Sí, también, pero sobre todo proponemos racionalizar el servicio. Se puede conseguir más jueces en el mismo tribunal, más homogeneidad y más posibilidades para el reparto de la carga de trabajo. Ahora está constreñido por el partido judicial, por lo tanto si está sobrecargado no se puede compartir. Con este cambio se podría repartir en todos los juzgados de la provincia.
-¿Se cerrarían juzgados?
-No, no. Nosotros no hablamos en el informe de ese punto. Somos conscientes de que las sedes que hay abiertas no se pueden cerrar, habrá que seguir usando las que tenemos. Poco a poco se caminará hacia un modelo distinto que modernice el que tenemos, anclado en el siglo XIX con flujos demográficos distintos.
-¿La intención es adaptar el modelo judicial a esos flujos demográficos?
-Exactamente, tenemos una realidad que ya no es la del siglo XIX. Nada es igual, ni las comunicaciones son las mismas ni nada. Ahora, te encuentras ciudades como Valencia que tiene partidos judiciales colindantes, como el de Mislata, que no hay ni un campo por el medio. En un edificio tardan un tiempo en resolver los asuntos y si te coge el de al lado tarda mucho más. No tiene sentido. El ciudadano no tiene por qué soportar una mala organización de los recursos. Hemos optado por un modelo que racionalice mejor los servicios que existen y que sean más eficientes y más rápidos, para que haya un mejor servicio público.
-¿No han tenido en cuenta casos como Vigo, donde el peso demográfico es mucho mayor que el de la capital provincial?
-Vigo es un caso muy especial porque tiene 300.000 habitantes y Pontevedra, 70.000. Eso no es lo normal en las provincias españolas. Hemos escogido como circunscripción la provincia, sé que en Vigo sería un problema pero también desaparecen las audiencias provinciales
-¿Dejan entonces abierta la posibilidad de que la cabecera del partido judicial no sea la capital provincial?
-No, en principio, el proyecto solo habla de que la sede es la capital de la provincia. Ese es el modelo por el que nos decantamos. Ya veremos cómo evoluciona, porque esta es nuestra propuesta diseñada con lo que entendemos son los criterios técnicos, nosotros no hacemos valoraciones políticas. Luego, habrá otras cuestiones en las que nosotros no podemos entrar. Es como valorar si se puede construir o no la Ciudad de la Justicia. Nosotros entendemos que la Justicia, tal y como está configurada ahora mismo, tiene estos defectos y es la solución que encontramos. En cualquier caso, este informe puede cogerlo el Ministerio y hacerlo suyo, o no.
