El Juzgado de Violencia sobre la Mujer experimenta desde el mes de enero un servicio pionero de alertas a través de mensajes al teléfono móvil para víctimas de malos tratos. El Consejo General del Poder Judicial prevé que el programa, que también está en pruebas en los juzgados de Barcelona, se implante en toda España. Manuel Almenar, vocal de este organismo, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, en el que acordaron poner en marcha este sistema en el resto de juzgados gallegos.

A través de SMS o correo electrónico, el nuevo servicio permite poner en conocimiento de la víctima cualquier acto procesal que pueda le afecte, como el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas, la situación penitenciaria del agresor o el sobreseimiento de las actuaciones. Además, permite informar sobre la fecha y lugar de celebración de juicios orales, así como sobre la sentencia recaída, tanto en primera como en segunda instancia. El abanico de posibilidades que abre el avance en las nuevas tecnologías no se detiene aquí. También es posible substituir cualquier diligencia telefónica que se realizara entre las partes, sus representantes o los defensores.

Manuel Almenar, vocal del CGPJ, destaca que se trata de un "sistema securizado" en el que si la víctima desconfía de la procedencia del mensaje dispone de mecanismos para comprobarla.

"Es un sistema más ágil, que ofrece más seguridad y que ahorra en costes", subraya Almenar. Ante estas ventajas no es de extrañar que el CGPJ espere que su implantación no se limite a los juzgados de violencia de género. "La idea es que, una vez se compruebe su funcionamiento, el objetivo es articular este sistema de forma general en toda la Administración de Justicia", avanza el vocal del CGPJ. El servicio permitirá enviar un texto específico o tres textos predefinidos para la práctica de diligencias habituales.

Por otra parte, antes de la llegada del verano se prevé instaurar un sistema de cita previa en la Administración de Justicia, para evitar los trastornos que, "hasta ahora", sufrían los profesionales al acudir a un órgano judicial para obtener información "sin saber" si estaría el funcionario para atenderle. El nueva forma de trabajar permitirá marcar una fecha fija con un horario determinado al objeto de mejorar las actuaciones judiciales.