Las comunidades de propietarios afectadas por la presunta estafa de Bautista Administradores continúan con las movilizaciones mientras la investigación policial da sus primeros pasos. Rafael Bautista Faraldo y su hija María Bautista Maestre, que se encuentran al frente de la firma, fueron interrogados como imputados en comisaría junto a un tercer responsable de la empresa con sede en la calle San Salvador. Esta declaración se produjo hace unos días -tras recibirse las primeras denuncias contra ellos en la Policía Nacional-. Asistidos por su abogado, negaron haberse quedado con el dinero y justificaron la situación por "una mala gestión", admitiendo que pudo haber errores en la cuenta común donde estaba depositado el dinero de los clientes.
Tras tomarles declaración como imputados por un presunto delito de estafa y dado que tienen arraigo en Vigo y no se apreció riesgo de fuga, los tres fueron puestos en libertad a la espera de que en los próximos días pasen a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que aglutinará todas las denuncias presentadas por los afectados e instruirá las diligencias.
La Policía Nacional investiga el paradero del dinero reclamado por las comunidades de propietarios, que elevan el importe de la presunta estafa hasta cinco millones de euros frente al millón que habrían reconocido los imputados ante algunos perjudicados. Como adelantó FARO, los responsables de Bautista Administradores han realizado algunos reconocimientos de deuda a varios perjudicados para evitar la vía penal y dirigir las reclamaciones a la vía civil, ya que se eludiría el presunto delito de apropiación indebida.
Hay edificios que detectaron problemas ya en 2011, aunque fue el pasado verano cuando según el testimonio de los afectados se habría generalizado el cobro de los recibos de suministros por duplicado. Mientras avanzan las pesquisas, docenas de afectados protestaron ayer ante la comisaría de López Mora para que se investiguen las cuentas y propiedades de Bautista y se les devuelva su dinero. Los integrantes de la plataforma registraron un total de 53 denuncias individuales, según el balance policial, y se presentaron otras tres procedentes de edificios a los que también les ha desaparecido dinero pero que no están asociadas.
A esta última tanda de denuncias se suma otra decena presentadas en semanas anteriores y que fueron las que dieron pie a la intervención de la Policía Nacional y el interrogatorio de la cúpula de la gestoría, que se llegó a encargar de 400 comunidades de la ciudad con más de 16.000 viviendas. Las investigaciones se centran en los gastos de la familia Bautista en los últimos años y posibles inversiones fallidas que puedan arrojar pistas sobre el paradero de los fondos desaparecidos.
La empresa tiene sus cuentas bloqueadas debido a una deuda de unos 84.000 con Hacienda. En estos momentos la empresa carece de actividad y ha dejado a docenas de comunidades con "agujeros" de hasta 40.000 euros. "A mí me han robado" o "¿Dónde estás?", en alusión a Rafael Bautista, rezaban los carteles de los afectados que acudieron en bloque a comisaría para denunciar sus casos. La presentación de más de medio centenar de denuncias no causó incidencias en López Mora. "Estaban bien organizados, fueron muy correctos y no se produjeron altercados" , explicaron fuentes policiales.
La plataforma de afectados proporcionaba a los representantes de cada edificio un formulario base para agilizar los trámites y les ayudaba a rellenar las denuncias. "Queremos dejar constancia legal de lo que nos han robado, pero también sensibilizar a las administraciones de nuestro problema y llamar la atención de otros bloques que puedan estar afectados", resumía Lucía Martínez al final de la mañana.
Los afectados constituidos ya en plataforma se plantearon inicialmente sumar fuerzas y presentar una querella conjunta, pero esta decisión les exigiría realizar una auditoría de cada edificio afectado y puesto que no tienen recursos han decidido posponer su presentación y esperar la actuación de la Fiscalía. "Para nosotros sería crucial que intervenga. Nos ahorraría trámites y agilizaría el proceso. Es lo que llevamos semanas pidiendo", explica Martínez, portavoz de los afectados y vecina del bloque de Doctor Canoa que destapó la operación.
