El PP amenaza a Vigo con ir al juzgado por el nuevo hospital

Después de escuchar las críticas de los tres grupos de la oposición a un sistema que saldrá "más caro" y a la adjudicataria del contrato por los "retrasos" en las obras, Santalices ha defendido este sistema de "pago aplazado" por el que el Gobierno gallego "no empieza a pagar" hasta que recibe "la llave". "Está implantado en todo el mundo, pero, para ustedes, no sirve para Galicia", ha criticado.

A renglón seguido, ha recordado el "incumplimiento" del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, del convenio firmado entre el bipartito en la Xunta y la entonces regidora de la ciudad olívica, la popular Corina Porro, en virtud del cual el Consistorio se encargaría del abastecimiento de agua, el saneamiento y el suministro de gas ciudad, electricidad y fibra óptica.

"Se le solicitó el cumplimiento del convenio, pero el amado líder nunca contestó", ha censurado Santalices, reprochando su "cobardía" y su "matonería política", expresión que la presidenta del Legislativo, Pilar Rojo, pidió retirar. En todo caso, lo que ha dejado claro es que "Vigo no va a quedar sin hospital por mucho que este señor se empeñe", en referencia a Caballero. Y advirtió de que llevaría el caso al juzgado de no cumplir el convenio.

Hospital 'público'

Sin embargo, para el diputado del Bloque Carlos Aymerich, el área sanitaria de Vigo está "discriminada", porque en ella la sanidad privada no es "complementaria" de la pública, sino "sustitutoria".

Se ha referido así al convenio especial con la clínica Povisa y a que la adjudicataria del nuevo hospital no sólo gestionará servicios como la cafetería y el aparcamiento, sino que también se encargara de "las analíticas" y "el laboratorio". "Queremos un hospital público", ha recalcado, para justificar su petición.

Al respecto, Santalices ha asegurado que la nueva infraestructura hospitalaria tendrá "gestión y asistencia sanitaria pública" y que será "gratuita en sus prestaciones". "Todo lo demás es demagogia y alertar a la población", ha concluido.

"Sin ventajas"

En su exposición de motivos, Aymerich ha considerado que el sistema de financiación público-privada no supone "ventajas" con respecto a la financiación pública, ni en relación con el coste ni con la gestión.

De hecho, ha vuelto a incidir en que el coste casi se triplicará, al pasar de los 590 millones de euros que el bipartito había previsto a los 1.330 derivados del pago de un canon durante 20 años.

Además, ha advertido de que "la trampa contable" de que este sistema no compute en el déficit pese a que "hipoteca presupuestos futuros" puede variar si "se reforma el sistema europeo de cuentas".

Por su parte, la diputada del PSOE Carmen Acuña recordó que "el vanidoso presidente presumía de la rapidez" en su construcción y, sin embargo, las obras están paralizadas debido a problemas de la UTE adjudicataria para financiarse, pese a que este asunto correría por "su cuenta".

Precisamente, la parlamentaria de AGE Eva Solla censuró que la Xunta pidió al Banco Europeo de Inversiones 180 millones de euros para la adjudicataria que "sí" computarán como deuda autonómica. "Y para beneficiar a una empresa privada", ha censurado.

Prácticas 'ilegales'

En este escenario, después de que Aymerich concluyese que todo ello "es causa de disolución del contrato", de modo que si la Xunta decide mantenerlo, es "porque tiene interés" en el asunto, Carmen Acuña ha expresado sus "sospechas" de que exista algún "contubernio entre el PP y las empresas" adjudicataria.

De hecho, ha señalado que en esas compañías trabajan o trabajaron "conocidos personajes del PP", como el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández; el exportavoz del PP en Pontevedra Telmo Martín; y el exministro Rodrigo Rato.

Asimismo, Eva Solla ha concluido que el sistema elegido para la construcción del hospital de Vigo "no sólo" supone "un malgasto del dinero de los gallegos" sino que "posiblemente" esconda "algo ilegal".

En su turno de réplica, Santalices ha salido al paso de estas acusaciones recordando que el secretario xeral del Sergas con el bipartito "tuvo que dimitir" tras adjudicar el anterior plan funcional del hospital "a la empresa de su hijo".

Servicios sociales

A continuación, la Cámara gallega acogió una iniciativa de la socialista Carmen Gallego que pedía reponer a niveles de 2011 los fondos que tanto la Xunta como el Gobierno central destinan al Plan Concertado, con el que se contribuye a financiar los servicios sociales de los ayuntamientos.

Tanto Juan Manuel Fajardo (AGE) como Carme Adán (BNG) se mostraron favorables a esta petición, entre críticas a la "insensibilidad" del PP con el bienestar en un momento en el que se están incrementando los niveles de pobreza. "Están aquí para garantizar la solvencia a los suyos", ha espetado Fajardo a la bancada popular.

Sin embargo, la representante del PP en el debate, Marta Rodríguez Arias, ha rechazado esas acusaciones y ha reivindicado que la Xunta destina en sus cuentas para 2013 "más de 51 millones de euros" a la inclusión social. Al hilo de ello, ha remarcado que la partida de la Risga crece "un 40 por ciento", hasta los 32,5 millones.

Así, tras elevar a 46 millones la aportación de la Xunta al Plan Concertado --desde los 6,2 citados--, ha criticado que la oposición "obvie estos datos" para "decir que el PP abandona a la gente". Por ello, ha planteado "demandar del Estado el mantenimiento del apoyo presupuestario", que fue rechazada por la diputada socialista.

"Si esos números son ciertos, acepten nuestro texto", ha retado a la popular, al tiempo que ha replicado que "no debería presumir" del aumento en la partida de la Risga. "Tener que incrementarla es la prueba más evidente del fracaso de su política", ha sentenciado.

Su intervención se alargó más del tiempo establecido para el debate, lo que le valió varias llamadas de atención de la presidenta de la Cámara, quien llegó a exclamar, sin percatarse de que su micrófono estaba abierto: "¡No hay manera de echar a la gente!".