Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo da un plazo máximo de un mes al Concello para que se pronuncie sobre la petición de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 de retirar la Cruz de O Castro. La sala estima parcialmente un recurso del colectivo por silencio administrativo y el gobierno local tiene ahora dos semanas para recurrir. Si no lo hace dispone de otros 30 días hábiles para acatar la resolución y contestar de forma motivada a los escritos presentados entre abril de 2008 y julio de 2011 exigiendo la eliminación del símbolo en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.

El presidente del colectivo, Telmo Comesaña, compareció ayer en la sede de la federación vecinal junto a Manuel Reinoso, de la directiva, y el abogado que les lleva el caso, Guillermo Presa, quien advirtió que la sentencia "declara que se vulneraron los derechos fundamentales de la asociación y que el Concello tiene obligación de responder a sus solicitudes", resumió.

La Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 pidió en reiteradas ocasiones que se desmantelase la Cruz de O Castro inaugurada por Franco en 1961 y llegó a presentar en 2010 más de cuatro mil firmas en apoyo a su propuesta. En opinión de sus responsables, la negativa del gobierno local a pronunciarse es "un síntoma de desprecio y prepotencia" hacia el grupo, que de incumplirse el mandato judicial estudiaría la posibilidad de presentar una nueva demanda contra el Concello. "Se estaría declarando en rebeldía", advirtieron.

En los fundamentos jurídicos, la resolución del contencioso-administrativo indica que el Ayuntamiento "debió comprobar la adecuación de la petición a los requisitos previstos por la ley y, después, declarar su inadmisión o tramitarla". Tras comprobar que no hubo respuesta, la sala viguesa señala que "lo procedente es ordenar a la Administración a que se pronuncie expresamente". Lo que el fallo no entra a valorar es "la procedencia de la retirada del elemento en cuestión", extremo que también solicitaba la asociación.

Tras conocer el fallo judicial, el alcalde, Abel Caballero, explicó ayer que lo están valorando los servicios jurídicos municipales y evitó realizar una valoración. "Nos piden que nos pronunciemos y ya se verá cuando lo hagamos. Conocen sobradamente la posición de este Concello. Es un tema cerrado", concluyó el regidor en su comparecencia.