Una sentencia fuerza un fallo acerca de la Cruz del Castro

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Vigo obliga al Ayuntamiento pronunciarse sobre la petición de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 para que se tire la Cruz del Castro.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida por las partes, se produce después de que la Administración local desestimase por "silencio administrativo" la solicitud realizada por el colectivo, que pedía que "se proceda de manera inmediata a adoptar las medidas oportunas para la retirada" de la Cruz de los Caídos del Castro.

En los fundamentos jurídicos, la resolución del juzgado vigués destaca que "la petición que en su día fue dirigida al Ayuntamiento por la asociación ni constituía objeto ajeno a las atribuciones del Consistorio ni estaba sometida a un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado"; por lo que el Ayuntamiento "debió proceder" a comprobar si la petición cumplía los requisitos previstos por la ley y, después, "a declarar su inadmisión o tramitarla".

Como el Ayuntamiento no se pronunció, sino que hubo "silencio administrativo", el juzgado contencioso considera que "lo procedente es ordenar a la Administración que se pronuncie expresamente". En todo caso, la sentencia precisa que "no es posible" que su jurisdicción inste "un pronunciamiento directo sobre la procedencia de la retirada del elemento", algo que también pedía el colectivo.

Así, el juzgado ordena "retrotraer las actuaciones para que, en el plazo máximo de un mes" a partir de la notificación de la sentencia a la Administración municipal "o bien se proceda a inadmitir motivadamente la petición de revisión" o bien "incoe el procedimiento correspondiente y resuelva lo procedente".

Asociación y alcalde

En una rueda de prensa, uno de los directivos de la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica, Manuel Reinoso, consideró que la resolución judicial es una "buena noticia democrática". "El Ayuntamiento quiso emplear con nosotros la razón de la fuerza, pero estamos contentos porque se impuso la fuerza de la razón", sentenció.

Por su parte, el abogado de la Asociación, Guillermo Presa, explicó que en la sentencia no se ordena, tal como pedía el colectivo, que se retire la cruz, si bien destacó la importancia de que se pida al Consistorio que se pronuncie.

En ese sentido, mantuvo que el Ayuntamiento "vulneró el derecho fundamental de petición que le obliga a responder las reiteradas solicitudes de esta asociación" y ha considerado que la Administración local debe estar "avergonzada" por ello.

El presidente de la Asociación, Telmo Comesaña, destacó que el colectivo "no se va a quedar detrás con esto" y, en función de la decisión que tome el Ayuntamiento, ellos continuarán tomando medidas.

En ese sentido, el abogado precisó que "aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida por cualquiera de las partes, lo que también hay que decir es que las leyes tienen que ser cumplidas", aludiendo a la Ley de Memoria Histórica. Así, avanzó que, en caso de que la Administración local dé una respuesta negativa a su demanda, se presentará una nueva demanda por la vía contenciosa.

Por su parte, preguntado sobre esta sentencia, el alcalde, Abel Caballero, manifestó que está siendo estudiada por los servicios jurídicos y aseguró que es sabido "cuál es el pronunciamiento del gobierno". A juicio del regidor socialista, éste "es un tema cerrado".