El Ayuntamiento de Vigo procederá este miércoles al derribo de las naves del puerto deportivo de Punta Lagoa, en Teis, tras solicitar la empresa dos días de margen para proceder a la retirada de los barcos que éstas albergan.
El alcalde vigués, Abel Caballero, ha señalado en rueda de prensa que operarios municipales acudieron hoy a ejecutar la demolición forzosa de las naves, tras denegarles la empresa, Construcciones Lagoa, propiedad del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, el acceso a las dependencias el pasado 23 de julio.
Como quiera que la visita de hoy tenía por objeto iniciar el derribo forzoso de las naves y "cumplir con las resoluciones administrativas y judiciales y la legalidad vigente", según Caballero, la empresa pidió esos dos días de plazo.
Caballero ha advertido de que el Ayuntamiento estará "vigilante" a que efectivamente se produzca la retirada de embarcaciones de dichas naves, ya que de lo contrario procederá "de inmediato" al derribo, que en todo caso se hará efectivo dentro de dos días.
El regidor vigués ha recordado que estas naves se realizaron sin licencia y son incompatibles con la ordenación urbanística vigente, y que la primera sentencia en tal sentido data del 18 de noviembre de 2004.
El 13 de enero de 2005, la Gerencia de Urbanismo acordó declarar como realzada sin licencias compatibles las naves y ordenó su derribo.
Desde entonces, ha significado Caballero, le impusieron a la empresa "múltiples multas coercitivas" para que procediera voluntariamente a la demolición de las naves ilegales, cosa que no hizo.
El 3 de noviembre de 2010, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ratificó la ilegalidad de estas dependencias, como también hizo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 12 de enero de 2012, cuando ordenó que el Ayuntamiento de Vigo se encargase de la demolición.
Entonces, el Ayuntamiento contrató la obra de demolición, elaboró el plan de seguridad y salud y dispuso el inicio de los trabajos de demolición, cuyo primer intento fracasó el pasado 23 de julio al negar la empresa el acceso a las dependencias de los operarios municipales.
