En plenas movilizaciones contra la ley de tasas impuesta por Alberto Ruiz Gallardón, el Registro Civil de Vigo y los juzgados aparecieron el sábado con decenas de folletos en los que se denuncia que las funciones del Registro Civil pasarían a ser competencia del Registro de la Propiedad y las notarías. Aunque el gobierno no ha confirmado nada al respecto, los trabajadores manifiestan su temor ante un posible anteproyecto de ley. En la práctica supondría pagar tasas por obtener una partida de nacimiento o defunción o un certificado de matrimonio. "Estamos preocupados porque supondría otra privatización y un perjuicio para los ciudadanos", lamentan los trabajadores. "El gobierno, además de desjudicializar el Registro Civil, quiere que ciertos trámites los lleven los registradores o los notarios, con lo que habría que pagar por todo", denuncia Pablo Valeiras, de CC OO, quien advierte de que si se produce ese cambio plantearán movilizaciones contra el ya bautizado como "arancelazo". "Con este proyecto, al parecer, Gallardón se somete a las presiones del colectivo de registradores, que buscan nuevos ámbitos donde ejercer su profesión dado que el negocio inmobiliario deja a muchos sin sus pingües beneficios, y de paso, incrementará nuevamente los costes para los ciudadanos. Y los empleados públicos seremos ¿reubicados?", se preguntan desde CC OO.
