Un mapa judicial totalmente nuevo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de poner sobre la mesa el planteamiento de un nuevo diseño territorial en toda España. Y en el caso de la provincia de Pontevedra, sugiere reducir a menos de la mitad los partidos judiciales existentes: pasar de los 13 actuales a solo 5. La propuesta para la demarcación de Vigo es que en la misma se integre la de Redondela. En toda Galicia, esta reorganización supondría que los 45 partidos judiciales que funcionan ahora se quedarían en 13, un 71% menos. Esta propuesta, sin embargo, todavía es provisional. Tras la aprobación ayer en el pleno del CGPJ del informe sobre los principios y criterios básicos de de la nueva demarcación, el mapa dibujado por los técnicos de este organismo en base a estas directrices será objeto de estudio por parte de los vocales y, una vez se le dé el visto bueno, el documento aún se someterá a las sugerencias de los jueces.
Por una justicia del siglo XXI que ponga punto y final a un modelo judicial decimonónico. Bajo esta premisa, el Poder Judicial plantea la reorganización del mapa judicial en aras de ahorrar costes y ganar racionalidad. En la provincia de Pontevedra, los trece partidos judiciales actuales pasarían a ser cinco. En el de Vigo –que además de esta localidad comprende Gondomar, Baiona y Nigrán– se integraría el de Redondela, que incluye este municipio y los de Fornelos de Montes, Pazos de Borbén y Soutomaior. Otra demarcación propuesta supone la fusión de los partidos de Tui, Porriño y Ponteares. En el caso de Pontevedra, sumaría Marín, Caldas de Reis, Cangas y A Estrada. También se unirían en un mismo partido judicial Cambados y Vilagarcía y, por último, habría una quinta demarcación que sería la de Lalín.
El Poder Judicial propone reducir a la mitad los partidos judiciales del país –de 431 a entre 190 y 200–, concentrar los juzgados y poner fin al modelo "un juez, un juzgado". En el caso de Galicia, el informe "Proyecto de bases para una nueva demarcación judicial del CGPJ" plantea que la comunidad pierda 32 de sus 45 partidos, lo que supondrá que muchos municipios, en especial los más pequeños, se queden sin juzgado porque previsiblemente serán agrupados en el territorio. Además de la sugerencia realizada para la provincia pontevedresa, A Coruña pasaría de tener 14 partidos a solo cuatro, mientras que Lugo y Ourense se quedarían con dos cada una frente a los nueve con los que cuentan en la actualidad.
El CGPJ trasladará al Ministerio de Justicia esta propuesta y abrirá el plazo durante dos semanas para que los vocales emitan sus sugerencias, tras lo cual habrá un pleno extraordinario el 3 de mayo. En la presentación del informe, la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, destacó que el documento recoge las bases para el diseño de una nueva demarcación judicial "en aras a ganar especialización, eficacia y agilización en el trabajo de los juzgados y tribunales".
Desplazamientos
La reordenación de los partidos debe atender a las circunstancias geográficas, políticas y económicas de cada territorio, apuntó en su comparecencia Gabriela Bravo, que fija en un mínimo de 100.000 habitantes la población de las nuevas circunscripciones –el doble que en la actualidad– para que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora. "La separación de órdenes jurisdiccionales exige un mínimo de ocho juzgados para garantizar un funcionamiento correcto, por lo que las agrupaciones han de tender a reunir un mínimo de órganos que permita alcanzar esta cifra", recoge también el informe del Poder Judicial. En el caso de la provincia de Pontevedra, el de Lalín, por ejemplo, no cumpliría este criterio cuantitativo.
Manuel Almenar. Vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
"No se desperdiciarán infraestructuras judiciales; se van a mantener"
La propuesta de reorganización del mapa judicial que ha realizado el Poder Judicial es una vieja demanda de algunos sectores de la judicatura que, en el caso de Vigo, viene ya de lejos. El juez decano, Germán Serrano, o el fiscal jefe de la provincia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ya se pronunciaron en alguna ocasión sobre la idoneidad de centralizar partidos judiciales. "Si no hay un hospital en cada pueblo, tampoco debe haber un juzgado", manifestaba en una entrevista este último. De hecho, en las últimas memorias de la Fiscalía provincial se ha apuntado siempre a la necesidad de una redistribución territorial desde el punto de vista de los servicios judiciales.
El mapa judicial que se ha dado a conocer esta semana todavía es provisional y, una vez reciba el visto bueno en el pleno extraordinario del CGPJ del próximo mayo, será revisado por los magistrados en las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia y en las juntas de jueces, para así aportar sugerencias u objeciones. Así lo resaltaba ayer a FARO el vocal del Poder Judicial Manuel Almenar, uno de los autores del informe "Proyecto de bases para una nueva demarcación judicial" en el que se han basado los técnicos para ´dibujar´ el mapa. "Hay que tener en cuenta que la distancia, en lo referente a servicios judiciales, no se mide en kilómetros, sino en tiempo y servicios", explicó, añadiendo que es consciente que habrá "resistencias" a este modelo. El vocal garantiza que las infraestructuras judiciales de los partidos que se concentren en otros "se mantendrán". "No se van a desperdiciar".
