11 de abril de 2012
11.04.2012

Los catedráticos pedirán una indemnización a la Universidad por suprimir sus plazas

Siete de los ocho afectados reclamarán de forma conjunta una compensación por el daño moral y la pérdida salarial

11.04.2012 | 10:11

Los profesores cuyas cátedras acaba de anular el rector vigués en cumplimiento de una sentencia judicial de 2003 solicitarán una indemnización a la Universidad de Vigo por el daño moral y la pérdida de las retribuciones salariales inherentes a las plazas que han ocupado durante los últimos nueve años. Los docentes también están pendientes de un recurso por indefensión presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aunque las posibilidades de que éste prospere son mínimas, según admite el abogado de siete de los ocho afectados.
Tras demorar durante años la ejecución de la sentencia emitida por el Contencioso vigués mediante sucesivos recursos ante este Sala, el TSXG y el Constitucional, Salustiano Mato ordenaba la supresión de las ocho plazas en una resolución rectoral con fecha del pasado 2 de abril.
La medida, que ayer avanzó FARO, llega días antes de que expire el plazo de dos meses fijado por el juez en un auto dictado el pasado febrero para anular las cátedras y a partir del que se establecía un multa de 500 euros por semana de demora.
Mato declinó hacer declaraciones a este periódico sobre la supresión de las ocho cátedras de I+D al entender que ante una sentencia judicial no cabe más acción que ejecutarla. Tampoco quiso manifestarse el vicerrector Xosé Henrique Costas, que deberá renunciar a su cátedra de Filología Gallega y Portuguesa.
La sentencia dictada por el Contencioso vigués en 2003 declara nulas las cátedras porque el concurso extraordinario convocado por el exrector Domingo Docampo en 2011 incumplía los propios estatutos de la Universidad al carecer de un tribunal externo. En ningún momento se ponen en cuestión los méritos académicos de los ocho afectados, quienes ahora deberán volver a la situación laboral que ocupaban anteriormente.
El abogado de los siete docentes, Carlos Potel Lesquereux, todavía no ha concretado la cuantía que solicitará a la institución académica en nombre de sus defendidos. "La Universidad apoyaba a los profesores y no tenía interés en anular sus plazas pero ha llegado un momento en que no le ha quedado otra opción. Es razonable que ellos reclamen una indemnización por el error que cometió. Y si no la admite, recurriremos", avanza.
El letrado admite tener "poca esperanza" de que el recurso de indefensión prospere y asegura que la respuesta del TSXG se demorará entre seis meses y un año: "Los profesores no participaron en el primer pleito, sino que recurrieron en ejecución de sentencia. Nuestro argumento, que no se alegó en un principio y es el más correcto, se basa en que solo los afectados pueden recurrir una oposición pública y, en este caso, los dos profesores demandantes solo podían estar interesados en la plaza del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Ni el TSXG ni el Constitucional entraron a valorar esto y ahora será muy difícil que ganemos".
Se da la circunstancia de que el actual titular de esta cátedra no forma parte del grupo de afectados representado por Potel, ya que decidió emprender acciones legales de forma individual.
El letrado vigués descarta además que los profesores que serán desposeídos de sus plazas lleguen a encontrase en la obligación de devolver el salario percibido durante estos años por su condición de catedráticos. "Sería el colmo. Ellos han ejercido sus funciones hasta ahora y tienen derecho a ser compensados por la pérdida salarial que van a sufrir", sostiene.
Proceso "agónico"
Los afectados, que tomaron posesión de sus plazas entre febrero y diciembre de 2003, viven desde entonces en una situación de inseguridad laboral. Algunos de ellos aseguran haberse sentido "indefensos" durante un proceso "agónico" y lamentan que la Universidad no hubiese acatado la sentencia mucho antes.
Subrayan que las oposiciones fueron "limpias" y que su valía está fuera de toda duda. Varios profesores perjudicados están acreditados por la Aneca, la agencia nacional de calidad, para acceder a plazas de catedrático, pero la situación de las diferentes áreas de conocimiento ha variado desde 2003 y el número de cátedras debe guardar legalmente una proporción con el de profesores titulares.
Además en algunas de sus áreas tendrían menos méritos en estos momentos que otros potenciales candidatos y también hay que considerar la medida de control aprobada por el Consello de Goberno a finales de 2011 para hacer efectivas solo las plazas que se puedan asumir económicamente independientemente de los méritos académicos.

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