El texto final de la Ley del Área Metropolitana ha provocado el "rechazo absoluto" del alcalde de Vigo, quien considera que detrás de este proyecto solo hay "un burdo intento del Partido Popular y del señor Feijóo de gobernar Vigo sin pasar por las urnas, sin contar con el apoyo ciudadano; como no tiene el suficiente respaldo de votos, ahora quiere dirigir Vigo a golpe de ley: es un latrocinio".
Abel Caballero censura al presidente de la Xunta y a su partido la "obsesión" por castigar a Vigo: "Primero nos dejaron sin la caja de ahorros y ahora quieren que los servicios de la ciudad –el transporte público, el agua la seguridad o la limpieza– la dirijan desde Salvaterra, Fornelos o Pazos de Borbén, por citar tres concellos que respeto pero con un tamaño infinitamente más pequeño", asegura. El regidor considera "una agresión intolerable" que el texto final fije que la junta de gobierno esté compuesta por 14 alcaldes con votos exactamente iguales, "con independencia de que su municipio tenga 5.000 o 290.000 habitantes". La gobernación se articularía con mayorías simples: bastarían ocho votos para sacar adelante las decisiones.
Esta configuración deja en papel mojado, a su juicio, que el presidente del organismo sea el alcalde de Vigo porque en la práctica no podrá dirigirla. "Si Vigo pone el 62% de la población y el 62% de la financiación y en muchos servicios casi el 100% de los recursos humanos y técnicos, ¿cómo vamos a aceptar que su representante en el gobierno sea uno más entre catorce? ¿cómo no vamos a rechazar que nuestra proporción se reduzca a un insultante 7%?", se pregunta Caballero, quien asegura defender el papel de la ciudad "hoy, mañana y en el futuro".
Y es que la ley rechaza, finalmente, el criterio de ponderación en la conformación del órgano ejecutivo del Área, es decir, mientras en la asamblea se mantiene, si bien con matices, ese valor y Vigo tendrá casi el 47% de los miembros, en la junta de gobierno, la que realmente decide y gestiona, el porcentaje se rebaja a un 7,1%.
El alcalde asegura que, una vez que la ley esté funcionando, se van a producir situaciones "grotescas, surrealistas". Así explica que "alcaldes con 2.000 o 6.000 habitantes van a decidir el precio del transporte urbano o la tarifa de los taxis, o la política de saneamiento, cuando son servicios que sufragan solo los vigueses. ¿Cómo aceptar que los vigueses paguen con sus impuestos y sus billetes cada año once millones a Vitrasa y su política de precios, necesidades, operatividad, etc la diseñen desde Pazos, Fornelos, Mos o Salvaterra?"
Caballero entiende que "esto no es una casualidad, sino que forma parte de una estrategia muy clara del PP de acoso a Vigo". Por eso recuerda que mientras en las áreas de Barcelona o Valencia, los alcaldes presiden y ejercen las competencias, "con independencia del partido", en el caso de Vigo "en lugar de integrar a los pequeños concellos en la gran ciudad, Feijóo ha optado por desintegrar y cargarse el protagonismo de Vigo en municipios muy menores. ¿Por qué allí sí y aquí no?".
Una estructura cuyos costes se desconocen
PSdeG y BGN reclamaron ayer en el Pleno que se les entregue el estudio económico encargado por la Consellería de Presidencia a la Universidad de Vigo y que avalaría la solvencia económica del Área Metropolitana de Vigo. El director xeral de Administración Local de la Xunta, Norberto Uzal, y la entonces delegada territorial, Lucía Molares, presentaron en octubre de 2010 un breve resumen de este informe donde se cifraba en una horquilla de entre 1,5 y 4,3 millones de euros el ahorro anual que obtendrían los 14 ayuntamientos a través de la gestión conjunta de al menos seis competencias.
Tanto Abel Losada como Henrique Viéitez reprocharon ayer al Gobierno gallego su "falta de transparencia" al no entregarles la documentación que pidieron hace más de un año por Registro. Y aún en caso de que se haga público aquel primer estudio económico, habría que actualizarlo porque se realizó sin los datos del ayuntamiento de Vigo, que no entregó la información a la Consellería de Presidencia, y desde entonces se han añadido al Área Metropolitana los servicios de extinción de incendios, Protección Civil y Salvamento que tendrían que ser valorados.
Hasta el momento Presidencia no ha detallado los gastos fijos de mantenimiento que tendrá el nuevo ente metropolitano, los costes actualizados de la gestión consorciada de todos los servicios incluidos en la ley ni el desembolso necesario para abonar los desplazamientos a los miembros de la asamblea metropolitana que no dispongan de dedicación exclusiva en sus respectivas corporaciones.
