La Gerencia de Urbanismo dispone ya de la tasación del suelo que ocuparía la Cidade da Xustiza y ha calculado su valor en 4,9 millones de euros sumadas todas las parcelas y las nueve viviendas situadas dentro del ámbito. Sin embargo no habría que expropiarlo todo, ya que el Concello es dueño de una parcela de 1.585 metros cuadrados –la cuarta parte de la superficie– con un coste estimado en casi 1,2 millones. El gobierno local está dispuesto a cederla gratuitamente a la Xunta, a la que pide que asuma los 3,7 millones restantes. El alcalde, Abel Caballero, afirmó ayer que remitirá una carta al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, para exponer la propuesta a fin de desbloquear el proyecto, paralizado por las discrepancias sobre qué administración paga el suelo.

La Xunta, según el planteamiento municipal, recuperaría en el futuro el importe, cuando se desarrolle la urbanización prevista en el Plan Xeral en la zona. Al Concello le corresponderá la décima parte del aprovechamiento, y Caballero asegura que reembolsará a través del beneficio resultante los 3,7 millones a la Administración autonómica. La fecha de reintegro dependerá de cuándo los propietarios de al menos el 51% del suelo decidan poner en marcha la actuación residencial. "Es una oferta generosa que hace viable la Ciudad de la Justicia y respeta los derechos del Ayuntamiento. Si no la aceptan es porque no quieren hacerla", sostiene el alcalde.

El complejo judicial ocuparía cerca de 6.000 metros cuadrados, que se dividen en 17 parcelas. De ellas, seis están edificadas y hay nueve casas. Residen allí 32 personas, según figura en el censo municipal. Las viviendas tienen un valor de mercado cercano a los 1,8 millones de euros.

Además de la parcela de 1,17 millones, el Concello aporta la superficie que ocupa el viario existente, otros 261 metros cuadrados. De esta forma la Xunta, según la propuesta municipal, se haría cargo del coste de los algo más de 4.000 metros cuadrados restantes, La Administración municipal se ocuparía del trámite expropiatorio.

El Gobierno gallego defiende que los ayuntamientos deben pagar el suelo de los complejos judiciales, mientras que la Xunta financia la construcción de los edificios. Para el de Vigo se ha reservado una partida de 15 millones a abonar a través de la Sociedade Pública de Investimentos. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha pedido en numerosas ocasiones al alcalde la cesión de los terrenos, e incluso advirtió de que se perderán los fondos si no arranca el trámite expropiatorio en el primer trimestre. El proyecto no encajaba en la parcela reservada en el Plan Xeral y los arquitectos tuvieron que hacer cambios para corregir el desajuste. Rueda presentó el 10 de enero el diseño y urgió los terrenos. El Concello recibió la documentación el día 17, y diez días después dispone de la tasación.

En este ínterin Caballero ha defendido que es obligación exclusiva de la Xunta correr con el coste del suelo al argumentar que la competencia en materia judicial recae en la Administración autonómica. "Tiene que pagar de arriba abajo", advirtió.

No obstante dejó la puerta abierta a una "cooperación voluntaria" que ahora, con la tasación hecha, se materializa a través de la propuesta que remitirá a Feijóo. Caballero defiende que los concellos aporten el suelo para estas infraestructuras siempre y cuando sean de titularidad municipal y no conlleven una carga económica. Así ocurrió en Ourense, donde el Ayuntamiento cedió una parcela, y A Coruña, donde el gobierno local entregó casi toda la superficie de la antigua fábrica tabacalera. "Cuando el suelo es público, aunque no es nuestra obligación, lo podemos donar y así no supone ningún quebranto económico", expuso ayer Caballero. "Nosotros tendremos un aprovechamiento cuando se desarrolle el ámbito, y con su valor devolveremos a la Xunta la cantidad que pague ahora. En realidad es un adelanto", esgrime.

Aunque depende de los promotores del ámbito, Caballero afirma estar convencido de que la zona de Chouzo, donde se proyecta el edificio judicial, se desarrollará con celeridad una vez que esté construido el complejo, con lo que la Xunta recuperaría en pocos años el dinero. "Allí habrá una Ciudad de la Justicia, y eso es un factor muy importante para impulsar la zona", comenta el regidor. En los próximos días remitirá la carta al presidente de la Xunta y esperará respuesta. "Si aceptan nos haremos cargo del proceso expropiatorio y el procedimiento será relativamente rápido", apostilla el alcalde.