El millonario fraude fiscal mediante facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Vigo, que implica a casi doscientas empresas –la mayoría del sector de la construcción, tanto de obra pública como privada– sigue creciendo. Hacienda cifra ya en 33 millones de euros la cantidad defraudada y mantiene abierta la investigación, con lo que seguirá incrementándose. La Agencia Tributaria ha destinado al considerado ya el mayor fraude fiscal destapado en Galicia, ocho equipos de Inspección y la Unidad de Auditoría de Galicia. La investigación se coordina en la Delegación de Hacienda de Vigo, donde se descubrió la presunta trama que implica a unas 200 empresas.

La Inspección de Hacienda, hasta el momento, ha denunciado por falsedad documental en el juzgado vigués a 11 personas físicas y jurídicas como presuntas creadoras de la trama, cuyo núcleo se sitúa en la firma viguesa de casas de madera prefabricadas Las Cinco Jotas, de los hermanos Costas, y en su grupo de empresas dedicado a proyectos inmobiliarios y a subcontratas de obra pública. Además, otras 147 personas físicas y jurídicas han sido denunciadas también por vía penal por falsedad documental como emisoras de facturas falsas, y otras 16 empresas por un delito contra la Hacienda Pública y la utilización de facturas falsas, lo que supone una defraudación mínima de 120.000 euros por impuesto y año.

El importe total de las cuotas denunciadas por delito fiscal por la Agencia Tributaria se eleva, de momento, a 6.965.869 euros, mientras que la situación fiscal de otras 86 firmas que habrían utilizado facturas falsas de la trama se regulariza por vía administrativa al no alcanzar la cantidad defraudada los 120.000 euros que suponen la comisión de un delito. Así, la Agencia Tributaria cifra el importe total regularizado administrativamente, tanto en conformidad como en disconformidad con los implicados, en 26.124.903,14 euros.

Entre las empresas investigadas en el presunto fraude fiscal mediante facturas falsas, figuran algunas constructoras de vivienda privada y pública, y otras de ingeniería civil y excavaciones y movimientos de tierra vinculadas a importantes obras públicas acometidas en Vigo. Algunas ya han depositado las cantidades reclamadas por la Agencia Tributaria, si bien otras todavía están pendientes de que sus responsables declaren en el juzgado.

También figuran como imputados al menos dos directores de entidades crediticias, a los que se atribuirían irregularidades en el pago de los pagarés emitidos por trabajos o servicios facturados sin que se hubiesen prestado.

El caso se destapó cuando un particular denunció en la Fiscalía de Vigo el presunto fraude a Hacienda a finales de 2009. Tras la apertura de diligencias judiciales, a mediados del año 2010, la Agencia Tributaria comenzó también a interponer denuncias, según informó el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. La juez de Instrucción 6 cifra en un centenar el número de imputados, tras archivarse la causa contra otras 60 personas, la mayoría autónomos.

Hacienda sostiene que los responsables de la supuesta trama habrían emitido facturas falsas por trabajos o servicios que no se prestaron a numerosas empresas que así desgravaban el IVA y el Impuesto de Sociedades. El grupo empresarial vigués incrementaría a su vez sus gastos mediante facturas también ficticias emitidas por autónomos, muchos de ellos rumanos, sin que estos fueran conscientes de ello, por lo que finalmente fueron exculpados.