¿Es posible garantizar los derechos humanos mientras millones de datos personales están en circulación? Más de cuarenta investigadores de doce universidades españolas, encabezados por el Instituto Bartolomé de las Casas y coordinados por Gregorio Peces Barba, se han propuesto convertir "por fin" el siglo XXI en "el tiempo de los derechos" y, bajo el nombre de equipo Huri-age, han obtenido la primera ayuda del programa Consolider-Ingenio 2010, el más importante del Ministerio de Ciencia, en el ámbito de las ciencias jurídicas. El grupo de la Universidad de Vigo dirigido por la profesora Ana Garriga forma parte de este gran proyecto que busca reforzar equipos humanos y proponer políticas públicas en materias fijadas como "prioritarias" en las agendas nacionales y de la UE, así como entre las preocupaciones expresadas por la ciudadanía: justicia internacional, multiculturalismo, medio ambiente y desarrollo o derechos económicos.
El equipo de Garriga, que completan Susana Álvarez, Roberto Bustillo y José Feijóo, gestiona desde la Facultad de Derecho de Ourense el Laboratorio Sociedad de la Información y Derechos Humanos. Su objetivo básico es "determinar las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de las tecnologías de la información" y la transferencia de resultados, tanto al sector público como al privado, a través de informes y propuestas sobre políticas. Además también organizan de forma periódica encuentros para profesionales.
Desde una perspectiva científica, los expertos del campus ourensano identifican necesidades en torno a los derechos humanos en las sociedades modernas y proponen vías de solución que "consoliden y extiendan" el Estado de Derecho.
"El aumento de estos retos en la actualidad ha de traducirse necesariamente en la expansión del catálogo de derechos fundamentales tradicional. Cada vez se hace más patente la necesidad no solo de reconocimiento, sino también de su efectividad", subraya Susana Álvarez, coordinadora del laboratorio.
El grupo, que ya suma varios años de experiencia en el estudio de cuestiones relacionadas con la información personal en ámbitos como el de la sanidad, ha realizado dentro de este nuevo proyecto estudios sobre los aspectos éticos y jurídicos de la historia clínica electrónica o los registros obligatorios de los portadores de VIH, así como informes jurídicos sobre la controvertida eficacia directa de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Bases policiales de ADN
El equipo acaba de conseguir un nuevo proyecto sobre medio ambiente y derechos humanos y, entre sus últimos trabajos, dispone de un estudio sobre las bases de datos policiales de ADN con fines de investigación criminal. Fue financiado por la Xunta, dentro del programa Incite, e incluye varias recomendaciones y propuestas en torno a la legislación vigente para poder conjugar un tema tan sensible como la lucha contra el terrorismo y el peligro de que el individuo sea "transparente".
Los derechos fundamentales constituyen "un límite claro" a la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los investigadores de la universidad viguesa advierten que la huella genética no puede tener la misma consideración que la dactilar, puesto que puede revelar datos como la raza o características sexuales, que forman parte del núcleo protegido por el derecho a la intimidad.
También defienden que la introducción de los perfiles se haga solo si existe una condena efectiva, demandan la aclaración de los delitos que pueden dar lugar a esta inclusión y fijan la necesidad de evitar que dichos perfiles se conserven por tiempo indefinido.
"En el sector policial, más que en otros, es importante encontrar el equilibrio entre los intereses en juego, los del individuo y su derecho a la vida privada y los de la sociedad en cuanto a la prevención y represión de infracciones penales y el mantenimiento del orden público", concluye Álvarez.
