Cuatro años y medio de prisión y el pago de 45.000 euros de multa. Es la condena que solicita el fiscal de Seguridad Vial de Vigo para la directora de un psicotécnico de la ciudad olívica por el caso del presunto fraude de renovación de carnés de conducir descubierto en el centro hace ya más de un año. Junto a esta mujer, T.P.R., también irá a juicio una empleada, D.P.V., para la que el ministerio público demanda la misma pena de cárcel y sanción de 11.250 euros: esta última joven atendió supuestamente ella sola durante casi todo un mes de agosto a más de un centenar de clientes que acudieron a este servicio para obtener el certificado médico de aptitud obligatorio para sacar o renovar el permiso de conducción. Pesa a carecer de formación y cualificación, la Fiscalía sostiene que ella misma les hizo las pruebas de visión y audición y que en ningún caso se realizó a los conductores exámenes de tipo psicológico.

Fue uno de estos clientes, al que como a todos los demás se declaró apto para seguir al volante, el que decidió denunciar los hechos al ver que apenas se le sometió a ningún tipo de reconocimiento. Tras la apertura de una investigación, la Fiscalía de Seguridad Vial, coordinada por Carlos Gil, y el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo constataron la existencia de presuntas irregularidades en la exploración exigida para expedir el certificado médico de aptitud, un documento de vital importancia en el caso de aquellos conductores con problemas psicológicos y en especial en los de avanzada edad.

Investigación

Con la investigación judicial ya prácticamente cerrada –la Audiencia aún debe resolver un recurso de la defensa contra un auto de la juez instructora–, el fiscal ya ha presentado su escrito de acusación. En el mismo interesa la apertura de juicio contra las dos imputadas y solicita para ellas penas de cárcel y multa al considerarlas autoras de un presunto delito continuado de falsificación de documento oficial. Para la directora también demanda que se la inhabilite para el ejercicio de su profesión u oficio durante el tiempo de la condena.

Los hechos se remontan a agosto del pasado año y ocurrieron en el Centro Médico de Reconocimiento de Conductores "Las Traviesas" de Vigo. La Fiscalía señala en su escrito que durante ese mes los facultativos del psicotécnico y la directora facultativa acusada se iban de vacaciones, por lo que esta última decidió contratar a la segunda imputada para que durante ese período "realizara por si misma los reconocimientos médicos obligatorios para la obtención del informe psicotécnico necesario y obligatorio para la la obtención o renovación de los permisos de conducción".

Esta joven, añade el fiscal, no ostentaba "ningún título" que la pudiese habilitar para el desempeño de estas funciones de tipo médico, ya que únicamente había acabado COU. Pese a ello, prosigue, durante el período comprendido entre el 2 y el 23 de agosto de 2010 la empleada atendió ella sola "aproximadamente" a 112 conductores que acudieron al centro vigués. Según la acusación pública, les hizo ella misma las pruebas médicas de visión y oído y después rellenaba los informes médicos que previamente la directora "le había dejado firmados en blanco". Estas no fueron las únicas supuestas irregularidades detectadas, ya que a ninguno de estos clientes se les hizo exámenes psicológicos "ni se realizaron dictámenes parciales en los informes médicos". Todos los conductores que acudieron en esas fechas al psicotécnico "obtuvieron el permiso que pretendían".

Inspección

Una inspección en el centro a finales de ese mismo agosto sacó a la luz estas supuestas irregularidades, por lo que, se señala en el escrito de acusación, sus propietarios "lo cerraron" a partir de esa fecha. Ahora, más de un año después, la causa está pendiente de juicio: la vista se celebrará en un juzgado de lo Penal.

El caso de este psicotécnico es el primero que llegará a una sala de vistas en Vigo desde que la Fiscalía impulsó una serie de medidas en toda España entre las que estaba la de vigilar "con lupa" a estos centros médicos al detectarse la existencia de algunos negocios que "no se preocupaban" de que los examinados, en especial las personas de más edad, "cumpliesen los requisitos exigibles para conseguir la renovación del permiso". En Galicia, más del 10% de los conductores censados superan los 65 años.