El Plan Xeral (PXOM) resiste tres recursos más presentados ante la Justicia por propietarios particulares y promotores que piden anularlo en sus terrenos. El Tribunal Superior (TSXG) acaba de emitir nuevos fallos que avalan el documento, en vigor desde mediados de 2008, uno de ellos sobre las parcelas del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) en Cabral y Coruxo. La sociedad Inversiones Subel S.L. reclamó la anulación del planeamiento en estos dos ámbitos, donde el PXOM permite construir 1.400 y 325 viviendas respectivamente –más de la mitad protegidas–, tras aumentar el gobierno local en más del doble el porcentaje de vivienda protegida. La alta instancia judicial ha avalado el incremento, como ya lo hizo días atrás en otro caso sobre una bolsa de suelo en el litoral de Bouzas, al lado del puente del cinturón.
"No se produjo una modificación de la clasificación urbanística, como tampoco una alteración de los usos residenciales o de la edificabilidad prevista", argumentan los magistrados del TSXG, quienes indican que el estudio de viabilidad incluido en el Plan Xeral para acreditar el aumento en todos los ámbitos urbanizables de la ciudad "justifica por razón de interés público" que en los terrenos de GEA se elevase la reserva de vivienda protegida, y los demandantes no han probado que éste sea "excesivo" o "improcedente".
Los dos ámbitos tenían adscrito tras la aprobación inicial del PXOM un 20% de vivienda protegida, y el bipartito lo elevó al 61% en Cabral –donde estaba la factoría principal de la que fue la primera empresa cerámica de España, en una parcela de 118.700 m2–, y al 50% en Coruxo, en la finca de 37.395 m2 en la que se asentaba Moahsa, también perteneciente al grupo. Los demandantes mantienen que el gobierno local tenía que haber sometido el Plan Xeral a un segundo periodo de exposición pública antes de darle el visto bueno final –después ratificado por la Xunta– al considerar que el cambio supone una "modificación sustancial" que obliga a ello. Sostienen, además, que el menor valor de mercado del metro cuadrado para vivienda social alteró el equilibrio entre los beneficios y las cargas, de tal forma que la urbanización resultaría ahora económicamente "inviable".
Las dudas jurídicas sobre la obligación o no de someter el Plan a una segunda exposición pública tras duplicarse la reserva residencial en régimen de protección provocaron un profundo debate antes de la aprobación definitiva del PXOM. El PP votó en contra del documento, y tanto la Asociación de Promotores (Aproin) como varios colectivos, entre ellos la federación vecinal, aseguraron que el cambio dejaba en una situación de inseguridad legal el urbanismo en Vigo, continuando con los problemas que generó el Plan de 1993.
Por ahora el Tribunal Superior de Xustiza respalda en sus sentencias al Concello, si bien aún quedan por resolver más de 90 recursos, la mayoría contra el incremento de vivienda protegida, que en algunos ámbitos pasó incluso del 20 al 100% (como en el mencionado caso de Bouzas). Los siete contenciosos fallados han sido favorables al Ayuntamiento.
El dictamen del TSXG sobre GEA destaca que es imperativa la exposición cuando se adopten "nuevos criterios respecto de la clasificación del suelo, o en relación a la estructura general y orgánica del territorio". Los magistrados de la sección segunda puntualizan que aquí no se produjo está circunstancia, y añaden que "son irrelevantes a estos efectos las modificaciones que para los particulares se produzcan en sus terrenos y que afecten de modo esencial a su patrimonio o intereses".
"Disculpas"
El alcalde aseveró ayer que las sentencias dan "categóricamente la razón al Ayuntamiento, denegándola a los demandantes y al PP", y afirmó que "la ciudad da un paso muy importante en la seguridad jurídica del Plan Xeral". Caballero exige a los populares, y en concreto a Corina Porro y José Manuel Figueroa, "una explicación de por qué apoyaban a los que daban un pelotazo inconmensurable en urbanismo y no apoyaron el interés público y la vivienda social". Con ello aludía al hecho de que el PXOM se aprobó inicialmente con el 20% en el mandato de Porro, y el PP votó después contra el incremento, que se elevó a un promedio del 47%.
