Los jueces decidirán si la obra se ejecuta

El gobierno local adjuntará a la documentación remitida al Juzgado el nuevo informe para defender que la obra –adjudicada a las empresas Aedes y La Rosaleda por 1,2 millones– es ilegal. El caso está sub iudice, al igual que otras dos reformas paralizadas por el Concello: el proyecto de la fuente cibernética en la nave de cableros, y la transformación de las antiguas naves de la fruta en una segunda estación marítima. Los jueces solo autorizaron, en los tres contenciosos, trabajos para evitar riesgos hasta determinar la legalidad. El Puerto defiende que las obras se ajustan al Plan Especial que rige en el suelo de su competencia y demanda que se le permita continuar.