El Concello notifica el desalojo a los afectados del apartotel, que crean una sociedad para salvarlo

Urbanismo remite una carta a los propietarios en la que les informa de que el 29 de enero deben abandonar los pisos

El portavoz de los propietarios muetra su notificación.  // Marta G. Brea

El portavoz de los propietarios muetra su notificación. // Marta G. Brea

j. pastoriza

Las notificaciones del Ayuntamiento han empezado a llegar a los buzones del apartotel de Samil con orden de derribo. Los escritos municipales informan a los propietarios de la resolución dictada por la Concejalía de Urbanismo el 10 de noviembre para cumplir el mandato del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) de demoler los cinco bloques, y avisan de la obligación de abandonar los 180 apartamentos el 29 de enero. Ése día concluye el plazo dado por el Concello a las empresas suministradoras para que corten la luz y el agua. En caso de que queden vecinos dentro de los edificios, la carta añade que se procederá a desalojarlos para posibilitar la operación que reducirá a escombros la urbanización.

Los afectados y el promotor, por su parte, siguen adelante en su carrera a contrarreloj por salvar las viviendas. El constructor, Manuel Casal Carreiro, ha constituido la sociedad Samil-Costa S.L., que se encargaría de explotar los apartamentos con fines turísticos, de forma que se acomoden al uso prescrito por el Plan Xeral, que no es otro que el de apartotel, en vez de dedicarse a la utilización residencial que tienen ahora.

Los propietarios han solicitado una nueva cita con el concejal de Urbanismo, José Mariño, con el que se reunieron hace tres semanas, después de conocer ayer que está redactado el proyecto de demolición de la urbanización y que éste ya ha sido enviado al Tribunal de Xustiza, tal y como adelantó FARO. Los vecinos piden al edil que agilice el expediente que tramita el promotor desde finales de 2008 en el Concello para lograr la licencia que legalizaría el apartotel. Ayer se mostraron “muy sorprendidos” por la celeridad con la que actúa el Concello en la ejecución de la orden judicial, mientras que, por el contrario, el procedimiento para resolver sobre la licencia “está parada”, según asegura el presidente de la asociación que los agrupa, Juan Ignacio Lapedriza.

El proyecto de legalización recibió informe técnico favorable de Urbanismo, y el siguiente paso es, exponen los afectados, el aval de la Consellería de Medio Ambiente. “El concejal se comprometió a enviar el expediente, pero no tenemos constancia de que lo haya hecho”, añade Lapredriza. Para el colectivo, la finalidad que persigue el Concello con su determinación de demoler el apartotel es enviar un mensaje público a los especuladores, pero a costa de su caso. “Alguien quiere dar un tortazo a los promotores, pero lo está haciendo en nuestra cara, y nosotros compramos de buena fe, escrituramos sin problemas en el Registro ni advertencias, pagando hipotecas e impuestos”, lamenta Lapedriza.

El otro problema que deben enfrentar los propietarios y el promotor -que van de la mano en el intento de legalización- es el uso del apartotel. El proyecto de constitución de una sociedad de gestión única está terminado y se entregará esta semana en Urbanismo. La entidad, Apartamentos Turísticos Samil-Costa S.L., ya ha sido constituida formalmente en los últimos días por el constructor, que es además dueño de varias decenas de viviendas en los bloques.

Entidad administradora

“Los propietarios de los apartamentos le arrendarán sus pisos a esa sociedad limitada, de la que recibirán una cantidad y que a su vez los pondrá en alquiler a otras personas con finalidad turística”, explica Carlos Abal, abogado de los afectados. Los titulares de apartamentos que residen ahora en ellos podrían seguir habitándolos, según esta fórmula jurídica, de forma temporal hasta que apareciese un arrendador. De los 108 propietarios de pisos en el apartotel, se han sumado a esta iniciativa casi un centenar, “Por el momento se trata de una sociedad gestionada por el promotor, pero no descartamos que lo haga en el futuro otra empresa administradora”, agrega el letrado.

El concejal de Urbanismo no ha sido el único que ha recibido a los representantes de los afectados. Estos han acudido a los grupos políticos con representación municipal y mantuvieron reuniones con los portavoces del BNG y el PP para exponerles sus argumentos. El PSOE, comenta Lapedriza, “no contestó a la petición”. La respuesta de nacionalistas y populares resultó “satisfactoria y de apoyo”, según manifiestan los vecinos, que lamentan la falta de contestación del grupo socialista.

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