Los matrimonios de conveniencia existen y si no aumentan es por el férreo control judicial. El juzgado del Registro Civil de Vigo rechaza cada mes entre cuatro y cinco solicitudes de boda ante la sospecha de que median intereses económicos en alguna de las partes o se trata de un intento de estafa a la Seguridad Social. En la mayoría de los expedientes rechazados, alguno de los miembros de la pareja se encuentra en el país de forma irregular y no está probado que haya una relación sentimental entre los solicitantes. Aunque parezca mentira, hasta los juzgados de la calle Lalín llegan casos tan disparatados como el de un vigués de avanzada edad que en año y medio intentó casarse con tres cuidadoras diferentes. Su intención era dejar de pagarle un sueldo a final de mes a cambio de garantizarle una pensión de viudedad con fondos estatales.
"Nuestro deber es velar por el interés general y, dentro de una pareja, proteger al más débil", argumenta la magistrada viguesa, quien en casos similares en los que dista una gran diferencia de edad entre los contrayentes y uno de los dos es extranjero puede rechazar el enlace por temor "a una estafa al Estado o por un alto riesgo de maltrato o abandono del más mayor una vez que el enlace se consuma".
La casuística de estos denominados matrimonios de conveniencia es múltiple, aunque el juzgado los agrupa en tres grandes bloques: españoles que viajan al extranjero y se traen a su pareja para casarse; los que conocen a un extranjero por internet y se casan sin apenas relación; o españoles que conocen a un ilegal y bien por cariño o con un pago de por medio intentan contraer matrimonio. Son una minoría, pero estos casos siguen llegando cada semana al Registro Civil a pesar del incremento de los controles establecidos por el nuevo equipo. Hace cinco años las solicitudes de matrimonio con extranjeros representaban el 75% del total, por lo que se modificó el protocolo y ahora, "siempre que hay una persona de fuera en el expediente, se solicita un informe a la Policía de Extranjería. Con este requisito conseguimos que los casos más burdos ya no entren en el juzgado", afirma la jueza, reduciendo el número de peticiones de enlaces entre españoles y foráneos al 45% del total.
Desde el año 2005, la población extranjera en el municipio ha crecido un 47% –hasta las 17.370 personas– y el Registro Civil ha tenido que adaptarse a este nuevo escenario, pasando de un trabajo más administrativo a realizar funciones casi investigadoras. El matrimonio con un español otorga la nacionalidad por residencia después de doce meses y la búsqueda de este beneficio tiene en alerta al personal de la sala.
La amplia mayoría de los enlaces entre españoles o con extrajeros son legales, pero el juzgado reconoce la "cotidianidad" de quienes "utilizan la institución del matrimonio para otros fines". Es ahí donde actúa el juzgado y la Fiscalía de Vigo. Cuando se detecta documentación sospechosa en las solicitudes, se encargan informes policiales complementarios del entorno de la pareja y se ordena una audiencia reservada con la jueza en la que se entrevista a los cónyuges por separado para intentar ratificar si existe o no relación de intimidad entre ambos. De esa conversación se redacta un informe y éste se remite a Fiscalía indicando si conviene o no autorizar el matrimonio.
Hasta hace poco, la mayoría de las bodas rechazas obedecían al perfil de hombre mayor con mujer joven inmigrante que lo cuida, pero crece el número de enlaces surgidos de encuentros en foros de internet y de señoras de mediana edad con jóvenes senegaleses.
