¿Por qué se cayó el Odriozola: fue por la demolición del edificio colindante o se vino abajo porque era un inmueble "enfermo" con apariencia saludable, como dicen las defensas? Y si es verdad que la centenaria construcción de García Barbón adolecía de deficiencias, algo que niegan sus inquilinos, que la calificaron de "palacio", ¿podría haberse previsto y evitado por parte de los responsables de las obras de la contigua casa Sensat? Éstas son algunas de las preguntas abiertas tras la vista celebrada este mes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo. Un juicio que ahora está pendiente de una sentencia que debe determinar si el trágico siniestro ocurrido hace once años en pleno centro se debió o no a la imprudencia de todas o algunas de las nueve personas que se sentaron en el banquillo: los promotores de la demolición, el contratista, los aparejadores y una arquitecta.

Mucho se habló de fuerzas en este juicio. Unas fuerzas en términos técnicos de construcción y arquitectura que se podrían extrapolar a lo ocurrido en la sala de vistas en las maratonianas sesiones: de un lado ocho abogados defensores y de otro el fiscal y los seis letrados de los perjudicados escenificaron una tensión que llegó a su punto álgido en la exposición de sus conclusiones, con las acusaciones desacreditando las pruebas de las defensas, hasta el punto de pedir que se procese por falso testimonio a los dos peritos que dijeron que el inmueble se cayó solo. Y con los abogados de los procesados respondiendo que los técnicos judiciales hicieron un informe "de corta y pega" sin rigor y que el dueño del propio Odriozola debería ser "el único acusado" en este proceso.

Hay mucho en juego. Por un lado están los acusados, que se enfrentan a tres años de cárcel y al pago de elevadas indemnizaciones –las acusaciones privadas piden en total más de cinco millones de euros–. "Sufrieron pena de banquillo, porque se les ha estigmatizado y tuvieron que esperar desde 1999 para ser enjuiciados", afirman sus letrados, que piden la absolución. En la parte contraria se encuentran los afectados, entre ellos los hijos de la fallecida, las dos familias de inquilinos que se quedaron en la calle y la farmacéutica que también tenía su negocio en el Odriozola. Sus abogados piden una sentencia condenatoria y recuerdan que llevan desde 1999 esperando justicia. El juez tiene la última palabra.