"Por fin se aclara todo". La presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, mostró ayer su satisfacción con el auto que le retira la imputación por un presunto delito de prevaricación en la tramitación de las obras de ampliación del muelle de Areal tras concluir la juez que la adjudicación estaba avalada por dictámenes técnicos y jurídicos positivos. Porro considera que la resolución "pone las cosas en su sitio" y expresó su "confianza en la Justicia". "Teníamos claro que todos los informes eran favorables", comentó, aunque lamentó que la paralización de la ampliación –reanudada en mayo– provocó un retraso de cuatro meses "en una obra trascendental para la economía de la ciudad".
La presidenta portuaria reprobó las reiteradas críticas en los últimos meses por parte del PSOE, que demandó su cese por estar imputada. "He tenido que aguantar actitudes que no debían existir en política", censuró, para defender a continuación su honorabilidad. "La obra de Areal era legal y transparente, como todas las actuaciones en mi vida", subrayó.
También el grupo municipal del PP se refirió a las acusaciones socialistas y apuntó directamente al alcalde. Su portavoz, José Manuel Figueroa, exigió a Caballero "que pida disculpas a Corina Porro", y le culpó de impulsar "una campaña de ataques personales con la que demostró que solo le importa el rédito electoral". Para los populares, Caballero "debería excusarse por todas las veces en las que él y los miembros de su gobierno la descalificaron". "Mientras Porro se dedica a trabajar por Vigo, Caballero solo está preocupado por paralizar obras de otras administraciones", apostilló Figueroa.
También la respaldó el presidente de la Diputación y del PP en Pontevedra, Rafael Louzán, quien reclamó "a quienes alardearon de esta situación –en referencia a la imputación– que se retracten de sus calumnias". Louzán añadió que la decisión judicial permitirá a la responsable de la Autoridad Portuaria "seguir trabajando con absoluta normalidad y dedicación".
"Sin planificación"
Por su parte, la Plataforma pola Defensa da Ría mantiene que la obra de Areal es ilegal y mostró sus dudas de que la decisión de adjudicarla se adoptase "sin malicia". "Conocían, y se les advirtió, que el Puerto necesita un Plan de Usos, e interpretamos que se actuó con conciencia", explicó el portavoz del colectivo, Serxio Regueira, quien añadió que la plataforma acata la sentencia, aunque recuerda que no se juzgó la cuestión de fondo, que es la legalidad de la obra. Sobre los informes favorables, argumenta que "no quieren decir que sea legal, ya que se redactan en función de los datos de que disponen los técnicos". Además, Regueira critica que la obra en sí "incumple el proyecto, al no haberse dragado el fondo como se indica en el documento".
