Cuatro de los 14 trabajadores que el pasado mes de febrero consiguieron en los juzgados su condición de indefinidos en el Concello, por el continuo reenganche de contratos en los programas del Plan Municipal de Empleo Temporal, presentaron ayer en el juzgado de guardia una denuncia contra el interventor municipal por posibles delitos de desobediencia y prevaricación ante las trabas que pone para ejecutar unas sentencias que ya son firmes.

Los trabajadores, por sentencian judicial deben cobrar el mismo sueldo que los trabajadores fijos municipales y los atrasos del tiempo que cobraron como temporales, pero no sólo no lo han hecho, en los 10 días de plazo que dio el juzgado, sino que el pasado mes de agosto no cobraron ningún sueldo.

Atribuyen la situación a un "pulso" del interventor con el alcalde y los responsables de personal, tanto políticos como funcionarios, que han intentado cumplir las órdenes judiciales sin éxito por los informes del interventor. "El alcalde firmó un decreto para evitar el impago declarando la excepcionalidad de las nóminas de agosto, pero el interventor lo cuestionó y requirió expresamente la paralización de la orden del pago, realizó una manifestación expresa de discrepancia y advirtió de que formularía un reparo que suspendería el pago del salario del mes de agosto. Una medida que no se había adoptado en los últimos 30 años por parte de un interventor en Vigo", aducen.

Los afectados esperan que se busque una solución a su caso que les permita retirar la denuncia penal contra el interventor. "Sólo queremos que se cumplan las sentencias de los juzgados y cobrar", aseguran.