El eurodiputado portugués del Partido Popular Europeo (PPE) José Manuel Fernandes consideró hoy "difícil" que su país logre la inversión que necesita para construir el tren de alta velocidad desde Oporto hasta la frontera gallega "por la situación económica" que atraviesa. En una reunión con periodistas de Galicia y del norte de Portugal, Fernandes indicó que esta construcción requiere 8.000 millones de euros, 7.000 por parte de Portugal y 1.000 de fondos comunitarios,
"Va a ser difícil, por la situación económica, que el país consiga 7.000 millones para invertir en este proyecto", subrayó el eurodiputado del PPE, quien agregó que "o la situación económica mejora" o "no parece que sea posible" lograrlo en la fecha prevista, situada en el horizonte de 2015.
Fernandes compartió mesa con su compañero de partido y de nacionalidad Nuno Melo, del Partido Popular portugués, quien señaló las "contradicciones" relativas a este asunto entre el Gobierno y la Comisión, tanto en la fecha de entrada en funcionamiento del tren de alta velocidad como acerca de si se tratará de una línea mixta o sólo de pasajeros entre Oporto y Vigo.
En este sentido, subrayó que "alternativas para el transporte de pasajeros hay muchas y más baratas", entre otras una autopista, dijo, pues "se está gastando una fortuna en una línea para pasajeros".
No obstante, destacó la "intensa" relación comercial entre Galicia y el norte de Portugal y su incidencia en este asunto.
Melo también aludió a una enfermedad que afecta a los pinos y advirtió de que puede atravesar Portugal, España y llegar a Francia afectando a las coníferas y a gran parte de la masa forestal del sur de Europa.
Esta sí es una "preocupación prioritaria" para este eurodiputado, que se mostró partidario de que los Gobiernos español y portugués pidan más fondos comunitarios para combatir la enfermedad que "afecta a muchas familias y empresas del norte de Portugal que viven de la madera".
Acerca del sector lácteo, Melo indicó que no se puede funcionar a nivel europeo con criterios distintos y por ello abogó por luchar contra el dumping, situación ante la que la Comisión reconoció que los precios de las marcas blancas pueden constituir una práctica de condiciones abusivas.
