Paralización inmediata de las obras que se ejecutan en el muelle del Areal, para ampliarlo en 49.120 metros cuadrados, como medida cautelar urgente. Es la conclusión del auto dictado ayer por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, Tatiana de Francisco, tras la petición en tal sentido que realizó la fiscal de Ordenación del Territorio, Natividad Gurriarán.

La decisión judicial, que fue comunicada ayer mismo a la Autoridad Portuaria, se basa en la apertura de diligencias previas por si la citada obra necesitase de un estudio de impacto ambiental, al amparo de la legislación en vigor. En el auto se apunta directamente al Ministerio de Medio Ambiente, y en concreto a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, que fue quien se pronunció sobre la innecesariedad del citado estudio de impacto para el proyecto iniciado en el muelle vigués. La paralización se entiende como temporal hasta el Ministerio Fiscal concluya sus investigaciones y el juzgado decida si debe seguirse o no con la causa.

La Dirección General de Calidad Ambiental emitió un informe el 29 de enero de 2009 en el que comunicaba que el proyecto a ejecutar en el Areal no necesitaba de declaración de impacto, basándose en que el anterior proyecto, que databa de 2002 y que no llegó a ejecutarse, tampoco lo precisaba.

Sin embargo, la fiscal considera que la nueva normativa, que entró en vigor en el año 2008, sobre declaraciones de impactos ambientales de proyectos, es mucho más restrictiva que la antigua, sobre la que se había basado la anterior resolución del ministerio. De ahí que plantease la denuncia, por la que ahora la juez decreta la paralización cautelar y urgente de las obras.

Defensa ambiental

El auto judicial considera que las administraciones públicas, al amparo de la ley de 2008, deben ser las principales garantes de la preservación del medio ambiente y habla de que "en el presente caso queda justificada la imputación presuntamente a la directora general de Calidad Ambiental del ministerio, al dictar una resolución sin atender la legislación vigente en materia de evaluación ambiental". Dicha presunta imputación se produciría si se demuestra en el transcurso de la investigación que se ha producido un delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación al saltarse la norma en vigor.

Además, la titular del juzgado vigués califica de posible "delito de peligro concreto y de resultado" la conducta de los sujetos que participasen en la decisión de no aplicar al proyecto la obligatoriedad del estudio de impacto. También se refiere al Código Penal al señalar que deberá investigarse "por si fuera el caso de que se dedujese una actuación negligente en alguna de las autoridades competentes en las obras de ampliación del Puerto de Vigo".

En la resolución del auto la juez pone en conocimiento de las partes que se podrían adoptar "medidas cautelares más graves" como resultado de la investigación.